La Contraloría de Bogotá, en su labor de auditoría a la gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante el año 2013, detectó una serie de inconsistencias en la ejecución de los recursos que arrojaron hallazgos fiscales por más de $6.265 mil millones.
Adicionalmente, en la Dirección de Responsabilidad Fiscal del Ente de Control se encuentran abiertos 18 procesos por valor de $2.362 millones. Según el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, entre las principales situaciones evidenciadas durante la auditoría se encontraron varias irregularidades.
El ente de control realizó durante el año 2013 un cruce de información con la administradora de pensiones COLPENSIONES y la misma Universidad Distrital, detectándose 106 casos por dobles pagos pensionales.
Debido a la complejidad de la información y a los términos de la auditoría, el ente fiscalizador logró determinar en solo seis casos un presunto detrimento por $1.532 millones. En los casos revisados, se evidenció que la Universidad reconoció la pensión de jubilación después del año 1995 y posteriormente el antiguo ISS, hoy Colpensiones, con parte de la misma cotización, reconoció la pensión de vejez procediendo a notificarle tal situación a la Institución educativa, sin que a la fecha esta última haya tomado decisión de suspensión del pago de la pensión inicial de jubilación generando el doble pago pensional.
Dice la Contraloría que por concepto de pensiones, la Universidad destinó en 2013 el 17.65% de su presupuesto, que corresponde a $53.938 millones y esta carga pensional ha venido aumentando considerablemente a lo largo de las vigencias.
La Contraloría estableció irregularidades en varios contratos relacionados con obras de la Universidad. Dentro de las observaciones del organismo de control a este proyecto, sobre el cual ya había alertado en octubre de 2013 a la Administración Distrital, cuando se llamó la atención de un riesgo de pérdida de $72 mil millones, se destacan:
Falta de seguimiento al Contrato de Consultoría 069 de 2009 relacionado con la elaboración de los diseños arquitectónicos de la nueva sede, por $1.096 millones.
Irregularidades en la expedición de la prórroga de la Licencia de
Construcción debido a que la Universidad expidió, en forma errada, certificación de que el proyecto se encontraba en ejecución, cuando ni siquiera se había firmado el contrato de obra, contraviniendo lo estipulado.
La obra presenta actualmente un avance del 1%, sin embargo, si a diciembre de 2014 no alcanza un avance del 50% de ejecución de la estructura del proyecto, se deben iniciar trámites para la expedición de una nueva licencia, lo que implicaría la modificación general del proyecto lo que genera mayores costos en la ejecución del mismo.
Según Ardila Medina, las injustificadas dilaciones por más de 9 años en la construcción de esta nueva sede afecta directamente el ingreso de nuevos estudiantes, pues de acuerdo con información de la misma Institución educativa, la demanda de cupos es cada día mayor, por ejemplo, en 2012 aspiraron a ingresar 28.963 personas, pero fueron admitidas tan sólo 5.639.
La Universidad invirtió en 2013 recursos por cerca de $5.168 millones en el servicio de vigilancia mientras que para al rubro de Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico, solo $3.278 millones, de los cuales se giraron $1.808 millones.
Se presentaron incumplimientos en metas de proyectos como el relacionado con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad, con un presupuesto de $22.568 millones, que incluyó la modernización de las sedes La Macarena A y B, en el cual se debían adecuar 16.950 m2 y el cumplimiento fue de 1.187 m2.