La conclusión de la Procuraduría es clara: “los predios del San Juan de Dios son del hospital y no de la fundación en liquidación”. Así se lee en un riguroso estudio que hizo la entidad a la tradición del inmueble, el cual, de ser confirmado por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, daría al traste con la publicitada compra de los bienes del complejo hospitalario, anunciada a finales del año pasado por el Distrito.
Las conclusiones se las dio a conocer Gladys Guevara, procuradora delegada para Asuntos Civiles, al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, a través de un oficio que le envió en septiembre del año pasado, como parte de la acción de vigilancia para la “protección y rehabilitación del monumento nacional Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil”. El estudio hoy hace parte de la documentación que analiza el registrador de instrumentos públicos, que decidirá si acepta o no la petición del liquidador de la fundación de registrar los predio a nombre del Distrito.
El Ministerio Público precisa que, luego de estudiar la historia jurídica del predio, halló que, fuera de no existir registro ni soporte que señale a la fundación como propietaria del inmueble, en el folio de matrícula hay anotaciones en contravía de la ley y por lo tanto se deben corregir una vez la oficina de Registro haga su estudio.
El análisis de 64 páginas y 61 anexos, conocido por El Espectador, le hace una petición expresa al Superintendente: “adoptar de manera urgente las medidas necesarias para defender el orden jurídico y el patrimonio público de los colombianos”, haciendo un riguroso estudio y las correcciones frente a algunas omisiones en el certificado de tradición, “para evitar que se convaliden los nuevos actos (la venta) que se pretenden realizar sobre el bien”.
Para el estudio, la Procuraduría acopió documentos como leyes, decretos, ordenanzas y escrituras, entre otros, con los que, a su juicio, se demuestran las omisiones en el folio de matrícula de los predios y que el inmueble no hace parte de la masa que liquida la Fundación San Juan de Dios.
“Por ende, la liquidación debe llevarse a cabo sobre los derechos y obligaciones y no sobre el predio, pues como se ha venido reiterando, nunca hubo transferencia de este bien a la Fundación San Juan de Dios, hoy extinta (al ser declarada nula por el Consejo de Estado) y en proceso de liquidación”.
Un dato interesante que deja el estudio es que la fundación no tenía las manos vacías. Reconoce que desde 1979 sí fue propietaria de 112 hectáreas de la antigua hacienda El Salitre, herencia que le dejó José Joaquín Vargas Escobar al hospital. Sin embargo fueron vendidas, al parecer sin los requisitos legales, razón por la que cursa en la Contraloría una investigación para establecer qué ocurrió con el legado de José Joaquín Vargas y en manos de quién quedó.
Finalmente, la Procuraduría le reitera al superintendente que el hospital San Juan de Dios es, desde 1924, el único que puede disponer del inmueble. “Es de advertir que al momento de hacer las correcciones se promuevan las acciones legales que resulten pertinentes frente a las irregularidades”.
El documento toma vigencia ahora que la oficina de Registro hace su propio estudio de la tradición del inmueble para aprobar o no el registro de la venta que pretende hacer la fundación en liquidación a la Alcaldía de Bogotá, por $150.000 millones. Vale recordar que al registrador de instrumentos públicos lo recusó el liquidador de la fundación, por una declaración que dio a El Espectador, con lo que busca que sea un registrador ad hoc quien haga el estudio del caso.
La conclusión de la Procuraduría respalda la teoría de que el negocio es inviable jurídicamente y que la extinta fundación sólo es la encargada de sanear financieramente el hospital. Aunque el liquidador se ha defendido señalando que “saneó el predio” a través de la figura de “ratificación del título”, la venta sigue sin ser legalizada.
Se espera que en los próximos días el superintendente resuelva la recusación que se radicó y en las próximas semanas la resolución definitiva que ponga fin a este enredado negocio de la venta del San Juan de Dios, que, aunque está claro que nadie se opone a su reapertura, sí se espera que el proceso se haga como manda la ley.