Le decían ‘El Abuelo’, por el abundante mechón de cabello blanco que se destacaba en su cabeza. Murió a balazos en casa de su madre, a las 5:10 de la mañana. Hacía un mes no la veía. La buscó la noche anterior para pedirle refugio, pero sus enemigos no le dieron tregua y hasta allí lo persiguieron. Acabaron con sus 14 años de vida sin hacer demasiado ruido. Se llamaba Michael Mora Salazar y nunca conoció la escuela.
La historia cuenta que nueve horas y diez minutos antes, el niño había asesinado con arma de fuego a un oscuro personaje de 33 años llamado Alberto Suárez (alias Carrapicho), el supuesto mandamás de una banda criminal. Y que lo hizo porque el hombre era amante de la mujer de su tío, Tatiana González, de 17 años. En la calle, algunas voces hablan también de un ajuste de cuentas entre pandillas enfrentadas. Como sea, Michael fue acribillado junto con su novia, Paola Andrea Rojas (de 19), y Tatiana, con quienes se encontraba escondido esa madrugada de espanto en el primer piso del hogar materno. Siete cuadras más allá, la Policía encontró al quinto muerto de la jornada: la mejor amiga de Tatiana, Jennifer Mendoza, de 19 años, quien al parecer fue obligada a revelar el escondite de las víctimas.
Las autoridades informan que El Abuelo fue detenido en varias ocasiones por llevar consigo armas de fuego. Por sus antecedentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) decidió dejarlo en manos de un hogar sustituto. “¡Imagínese!, ese muchacho por ahí, viviendo quién sabe con quién, qué no habrá hecho”, dice ahora don Juan Bautista Mora, el verdadero abuelo, cuatro días después de la tragedia.
Un desventurado hecho, ocurrido en el sector conocido como Ciudad Latina, entre el 27 y el 28 de mayo, que se le suma al drama que padecen los habitantes de Soacha, municipio vecino a Bogotá con alrededor de un millón de habitantes —31.500 de ellos desplazados, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la cifra correcta es 60.000—, que residen en seis comunas y dos corregimientos que suman 340 barrios.
Una olla a presión, a media hora de la ciudad más grande del país, en la que se cocinan la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo, la carencia de servicios públicos adecuados, la delincuencia común, la extorsión, el reclutamiento forzado, el microtráfico de drogas, el consumo de drogas, las amenazas, las desapariciones, el comercio ilegal de tierras y un largo etcétera que evidencia que la guerra urbana en gran escala no sólo la viven Medellín y Cali.
En lo que va corrido de este año, la Personería del lugar, en cabeza de Fernando Escobar, ha tenido que gestionar la salida del municipio de nueve familias debido a intimidaciones relacionadas con bandas criminales sin identificar. En total, 215 personas han denunciado amenazas de muerte desde el pasado enero, entre ellas desplazados, funcionarios y docentes de colegios. La dinámica de la guerra, explica el personero, pasa por grupos armados dedicados a traficar droga, que someten principalmente a los jóvenes y los obligan a extorsionar a los comerciantes. Y el resultado de tal conflicto, agrega el comandante de la Policía, el capitán José Efraín Moreno, se puede palpar viendo “a algunos niños que pasan sus días a punta de agua de panela con pan”.
Niños. Los mismos que crecen y se van convirtiendo en muchos Michael, con sus alias, sus armas y sus carencias. Niños de siete años en las calles porque sus padres están lejos, buscando para comer. “Niños que sufren los puentes festivos porque no tienen que ir al colegio y allí les dan, al menos, un refrigerio”, comenta cualquier voz.
Cincuenta familias en promedio llegan todos los días a la población tristemente conocida por los mal llamados ‘falsos positivos’ (asesinatos de civiles por parte de miembros de la Fuerza Pública para hacerlos pasar como guerrilleros) a alimentar con su miseria este panorama.
Paradójicamente, las denuncias han bajado, según la Personería: registros de amenazas en febrero de 2010, 9. En febrero de 2009, 11. Asimismo, entre enero y abril de 2009, se presentaron 489 declaraciones por desplazamiento en esa entidad. En el mismo período de este año, el dato fue de 353. “La situación es preocupante, pues es posible que la disminución en las cifras se deba a que la gente no está denunciando”, advierte Escobar.
Una imagen para no repetir: Paola Andrea Rojas quedó muerta encima de la cama de Michael, mientras sus compañeros de infortunio yacían en el piso. Así la encontró su madre, Damaris Alzate.