En el corazón de la ciudad, a pocos metros de la Plaza de Bolívar, algunas casas coloniales que fueron testigo de sucesos que marcaron la historia del país están siendo demolidas. En su reemplazo pretenden construir modernas edificaciones para albergar sedes de Gobierno, cerca del Palacio de Nariño. Esta renovación urbana hace parte del proyecto Ministerios, en el que viene trabajando desde 2013 la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco. El plan es intervenir siete manzanas en inmediaciones de la Casa de Nariño, entre las calles sexta y octava, y las carreras octava y décima, para ubicar las oficinas de las carteras de Justicia, Trabajo e Interior.
Según datos de la Agencia, en la zona hay 348 predios; 877 establecimientos comerciales, con 2.042 empleados, y 572 hogares, en los que viven 1.200 personas. “En el 61 % de los predios no se encontraron hogares, en setenta predios hay solo un hogar y en 19 se concentran 328 hogares”, dice el informe. Aunque la intervención, que costará casi $500.000 millones, estaba prevista para empezar este año, aún sigue en etapa de ajuste y de adquisición de predios. A la fecha apenas han comprado 41 inmuebles.
Pese a que el proyecto se ha vendido como de gran importancia para la nación, desde que nació ha contado con una férrea oposición y ahora más, pues empezaron las demoliciones y expropiaciones. Al menos, es lo que se evidencia en la lucha de decenas de vecinos, que crearon el comité El Centro no Se Vende, mediante el cual buscan frenarlo, evitar su desplazamiento o conseguir acuerdos más justos.
Si bien algunos dicen apoyar la renovación, les molesta que sea arrasando el patrimonio, bajo el argumento de que los inmuebles están deteriorados, sin contemplar la posibilidad de restaurarlos. Además, según Michael Tache, asesor del comité, todo se planeó sin tener en cuenta a la comunidad. “No les dieron oportunidad de expresar sus reparos”.
A esto se suma algo más material: las ofertas no son las esperadas. Aunque los promotores dicen que se están haciendo con base en el avalúo comercial, los vecinos y, especialmente los comerciantes, insisten en que con el dinero que pretenden pagarles no podrían conseguir un nuevo espacio con las ventajas del centro. De hecho, la Agencia ofrece por metro cuadrado desde $300.000 hasta $1’200.000, mientras que en los locales comerciales del Gran San, ubicado justo en frente, el metro cuadrado tiene un precio de $30 millones, y puede llegar hasta los $100 millones, de acuerdo con el gerente del centro comercial.
La desconfianza aumenta al conocer lo que están padeciendo quienes ya vendieron, como Oswaldo González, de 61 años, quien vivía con su familia en el último piso de un edificio ubicado en la calle séptima con carrera novena. A pesar de que hace tres meses tuvo que desocupar para dar paso a la demolición del edificio, aún no le han desembolsado el dinero. Es decir, está sin techo y sin con qué comprar otro lugar.
En esta lucha no están solos, pues cuentan con el respaldo de varios voluntarios que los orientan en materia jurídica, política y educativa. Por ejemplo, hay un grupo de abogados que se encargaron de demandar ante el Consejo de Estado varios decretos que respaldan el proyecto Ministerios. A ellos se suman otros profesionales, como Carolina Urbina, docente de psicología social y comunitaria, quien trabaja con el comité desde la Universidad Piloto. Su tarea se ha concentrando en destacar los efectos psicosociales del inevitable desplazamiento en la salud de los residentes.
¿Todo en orden?
A pesar del permanente reclamo de los vecinos, según los promotores del proyecto, todo se ha hecho cumpliendo las normas. Dean Chaparro, coordinador jurídico del grupo Gestión Policiva y Jurídica de la Alcaldía Local de La Candelaria, el proyecto está aprobado y respaldado en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y las normas que permiten la expropiación de predios para obras de interés público, pagando su avalúo comercial.
Para justificar esta renovación, uno de los principales argumentos de la Agencia Virgilio Barco es que, por ejemplo, el comercio en la zona ha crecido desordenadamente y sin ningún tipo de adecuación y mantenimiento, que garantice la preservación de los bienes de interés cultural. Además, que los sectores emblemáticos han pasado a ser zonas transitadas en horas laborales, pero con altos grados de inseguridad.
Por eso destaca que su intención está basada en la protección del patrimonio de la zona, específicamente en los alrededores del Museo Histórico de la Policía. Para ello, consolidan un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en el que proponen mecanismos de sostenibilidad de los bienes de interés cultural, interviniendo los inmuebles de la zona.
Hasta la fecha, a pesar de asegurar que el plan aún no se encuentra en proceso de ejecución e intervención, por ahora solo se ha adelantado la demolición de los predios expropiados, que hasta el momento han sido 41; los adquiridos, correspondientes a las manzanas 6 y 10, y algunos de la manzana 4, donde la agencia proyecta una edificación de 24 pisos, en la que pretenden localizar entidades del Gobierno con capacidad para 2.224 funcionarios y locales de comercio.
A pesar de la persistente controversia, el Estado colombiano sigue avanzando en el proceso sin modificación alguna. Entre tanto, aunque los habitantes han dejado de recibir respuestas de la Agencia desde hace tres años, seguirán a la espera de que la justicia administrativa frente esta obra, al menos, mejore las condiciones de la negociación para no quedar a la deriva cuando tengan que abandonar el lugar.