El viernes cientos de camioneros anunciaron su llegada a Bogotá para plantarse frente al Ministerio de Transporte en busca de una solución a sus problemas. De todos lados llovieron los buenos deseos para que las negociaciones, que habían paralizado al país durante varios días, llegaran a buen término. Y si bien existía la esperanza de que el paro nacional se solucionara, el vía crucis de los camioneros bogotanos podría estar comenzando.
Calladamente crece para los transportadores de carga otro posible problema, uno que incluso ellos han calificado como de “suma importancia”. En el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor, se cuece un proyecto de decreto para modificar las restricciones de circulación de este tipo de vehículos en la ciudad.
El paro nacional de camioneros había comenzado el viernes 25 de julio, cuando los primeros vehículos se detuvieron en los puertos. A los pocos días, el domingo 27, mientras en Bogotá se corría la media maratón, el paro empezó a expandirse como si se tratara de una enfermedad. Los medios registraron entonces las largas filas de camiones, las voces de protesta de los líderes y a los conductores durmiendo en hamacas colgadas debajo de sus vehículos.
De inmediato los periódicos, El Espectador el primero de ellos, sacaron los informes de cuánto le costaba el paro a la economía del país. Iban $292.000 millones hasta el martes 5 de agosto. Las páginas se llenaron con las declaraciones de los presidentes de los diferentes gremios. Una y otra vez se oían las demandas de los protestantes, mientras las filas crecían, los alimentos no llegaban y todos se quejaban y pedían que acabara.
Las cifras de uno y otro bando, transportadores y autoridades, diferían como siempre. Pero lo que quedaba claro era que, más allá de los números, el paro no era algo pasajero, una noticia que muere al momento de nacer. Hasta el viernes pasado el paro contaba ya con 12 días, tiempo en el que no se movía nada. Según la Asociación Colombiana de Camioneros, 145 mil era el número de vehículos que formaban parte activa de la protesta, o sea, parte inactiva del transporte.
El proyecto
Hace más de dos meses los transportadores fueron invitados a mesas de trabajo con el Distrito para concertar ciertos puntos alrededor del nuevo decreto. “La Administración adquirió el compromiso de pasarnos el borrador del proyecto hace, más o menos, dos meses. Nunca nos llegó documento alguno y por eso nos retiramos de la mesa de trabajo”, aseguró Jaime Sorzano, presidente de Colfecar, Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera. Por su parte, Jorge García, director ejecutivo de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, afirmó que también está esperando el borrador del proyecto por parte del Distrito para lograr una concertación entre las posturas de la ciudad y los transportadores.
Según un documento fechado el 3 de abril de este año, en el cual Colfecar consignaba los reparos que la agremiación tiene frente al proyecto, y que le fue enviado al alcalde Samuel Moreno, los grandes cambios de la reglamentación, que en la actualidad establece el Decreto 112 del 28 de febrero de 1994 firmado por el ex alcalde Jaime Castro, hacen relación al horario de restricción para los camiones y el tiempo permitido para las operaciones de carga y descarga de la mercancía.
El mencionado decreto estipula que está prohibida la circulación de vehículos de más de cinco toneladas entre las 6:30 a.m. y las 9:00 a.m., así como entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. El nuevo decreto, según el documento de Colfecar, amplía estos horarios: desde las 6:00 a.m. a las 10:00 a.m. y de las 3:00 p.m. a las 9:00 p.m. La nueva norma impondría cinco horas y media más a la restricción.
Las horas de carga o descarga también serían modificadas, puesto que la norma vigente establece un rango entre las 9:30 a.m. y las 5:30 p.m., y entre las 8:00 p.m. y las 6:30 a.m. del siguiente día, mientras que el proyecto en el que anda trabajando la Administración reglamenta que estas actividades sólo serían posibles en vías arteriales, sus accesos, salidas o conectantes, desde las 11:00 p.m. hasta la 3:00 a.m.
Se le fue la mano
“Una primera apreciación de dichas medidas, que sin duda agravan las ya precarias condiciones para la prestación del servicio público esencial del transporte de carga en nuestra ciudad capital, indicaría que el Gobierno Distrital asigna buena parte de las causas de la problemática vinculada a la movilidad a las actividades relacionadas con el transporte de carga y los procesos logísticos”, se lee en el documento de Colfecar.
Según un análisis de la organización, en Bogotá circulan, aproximadamente, 1.062.000 vehículos privados, para los que el Distrito debería haber construido 920 kilómetros de vías, de las cuales, según la misma institución, el 10% de esta demanda no se ha cumplido en los últimos cinco años. El estudio estima que por la ciudad circula un número cercano a los 22.380 vehículos de carga. Entre taxis, buses de servicio público y transporte particular la cifra es de 1.073.116.
Algunos han planteado esta teoría: debido al escaso número de horas en las que podrían circular los camiones, la concentración aumentaría, lo que resultaría en peores trancones y una movilidad aún más restringida en ciertos puntos de la ciudad, como las autopistas Norte y Sur, la salida a Mosquera y las vías que van hacia La Calera, Medellín y Villavicencio.
Otros argumentan que el nuevo decreto incrementaría de forma significativa los costos de operación de los transportadores. Esto se vería reflejado directamente en un alza, tanto en el transporte de mercancía como de algunos alimentos que dependen de la labor de los camioneros para llegar a la capital del país. El sobrecosto por vehículo, según el estudio, sería de $804. 868 por día.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad indicó que el decreto aún es sujeto de estudio por parte de la Alcaldía Mayor, por lo que puede sufrir cualquier modificación. “Según la información que tienen los transportadores puede que se hayan contemplado algunas medidas, esto no significa que así quedará el marco legal, puesto que el proyecto puede sufrir cambios antes de que sea sancionado definitivamente por el Alcalde”. El tema y el paro van para largo.