El coordinador de la línea de emergencia 123, Hernán Silva, se presentó el pasado viernes en el Concejo para hacer una denuncia concreta: los anexos técnicos de la modernización de la línea 123 fueron aparentemente elaborados por la empresa Estrategia y Defensa, una de las interesadas en el negocio, para direccionar el proceso. Además, que esta empresa tendría relación con la interventoría Infotic, que es la que ha alertado gran parte de las posibles irregularidades. La denuncia de Silva busca resaltar los intereses particulares que hay detrás del escándalo y cómo el Distrito ha actuado para evitar ese posible direccionamiento.
La respuesta no se hizo esperar. Diego Medina Guerrero, representante de Estrategia y Defensa, dio su versión, respondiendo punto a punto y con documentos las supuestas inconsistencias. “Considerando que estamos siendo víctimas de falsas acusaciones del coordinador de la línea 123 y del presidente de la ETB, Saúl Kattan, deseamos poner en conocimiento la serie de mentiras e inconsistencias que han venido dando a la opinión pública, con el fin de tender un manto de duda y distraer la atención de cualquier investigación sobre sus actos”.
“Fue la honestidad y valentía de un funcionario público quien destapó dicha estrategia y en consecuencia, la ETB y curiosamente el NUSE, han querido descalificar al actual operador Itelca, a la interventoría del convenio y ahora a nosotros como únicos competidores, pero ninguna entidad asume responsabilidades por todas las irregularidades que se han denunciado”.
Número de proponentes Inicialmente Saúl Kattán dice que tienen muchas propuestas para la línea 123. Una semana más tarde dice que sólo hay tres. La realidad es que sólo se presentaron dos, como lo demuestran las actas de entrega del proceso de mayo 4 de 2015.
Direccionamiento del proceso
Según la secretaria de Gobierno: “Se tuvo especial cuidado de que no sólo se tuviera en cuenta la tecnología americana, sino también la europea y del resto del mundo”. Sin embargo, el coordinador de la línea 123, Hernán Silva, señala a Estrategia y Defensa de direccionar la licitación con la elaboración del anexo técnico. La realidad fue que la ETB se aseguró de cerrar el proceso para que cumpliera la empresa Thales, lo que se puede constatar en las siguientes exigencias:
A. La experiencia sólo era válida en un país latinoamericano de habla hispana (empresas de Brasil, EE.UU., Europa y Asia no tienen acceso al proceso).
B. Que la experiencia fuera en ciudades de más de 7 millones de habitantes, pero en Latinoamérica, excepto Brasil, sólo hay cuatro ciudades con esta característica: México DF, Lima, Bogotá y Buenos Aires. Las empresas que instalaron los sistemas en Buenos Aires, Lima y Bogotá no fueron invitadas. Vale la pena recalcar que la experiencia de nuestra solución se podía demostrar en la ciudad de Santiago de Chile, que cuenta con 5 millones de habitantes.
C. Se exigió que la compañía debía haber integrado 3.000 cámaras de videovigilancia con un solo sistema. Sólo Thales de México cumple esa exigencia.
D. Exige que el proponente debe demostrar experiencia en la instalación de 3.000 cámaras en Colombia. Este requisito sólo lo podría cumplir en el país G&C Ingeniería. Sin embargo, la plataforma para la línea 123 no tiene nada que ver con la instalación de estos dispositivos. E. El anexo técnico enviado por la ETB es diametralmente opuesto al publicado por el Fondo de Vigilancia en la página de contratación estatal, que fue, según el señor Silva, el que nosotros direccionamos, aspecto que deja sin piso sus temerarias acusaciones.
¿A favor de Estrategia y Defensa?
El señor Aiden Solís, de la firma Mi8 de Miami, fue contratado por la ETB como el gurú Internacional de la seguridad y lideró y coordinó los anexos técnicos. Ha estado presente en todo este proceso. Fue quien dio los parámetros para definir la tecnología y ha dirigido el programa de renovación tecnológica. ¿Cómo pueden entonces señalar a Estrategia y Defensa de ser quien hizo los anexos técnicos, si se contrató a un asesor internacional? O es que el asesor ¿al final no asesoró?, ¿no cumple con el perfil? o ¿fue cooptado? Tanto el asesor como la ETB fueron parte decisoria para la creación del anexo técnico y fueron ellos quienes incluyeron la geolocalización. En sesión posterior, del 12 de mayo se realizó un ajuste al anexo técnico, pero se mantuvo la geolocalización. En ese orden de ideas podríamos preguntar: si el Distrito presumía que existía un direccionamiento hacia nuestra compañía, ¿por qué nos invitaron a participar en dos ocasiones? Viajes solicitados por la ETB
En entrevista con El Espectador, el presidente de la ETB, Saúl Kattán, manifestó que la empresa Tiburón invitó al personal de la ETB a Estados Unidos para conocer la plataforma que se estaba ofreciendo. No hay nada más alejado de la realidad, ya que en la primera invitación a cotizar (diciembre de 2014), el viaje fue una exigencia de obligatorio cumplimiento impuesto por la ETB. Incluso nos hicieron tramitarles las visas para el personal que no contaba con ella. En los correos enviados aparecen el señor Hernán Silva y John Jairo Gallego, quienes no son funcionarios de la ETB y por lo tanto no deberían hacer parte del proceso de contratación. Para las compañías que representamos, esto fue tan exótico que mediante comunicación al señor Kattán solicitamos que nos explicara el motivo del viaje. Desde ese momento ya veníamos solicitando al señor Kattán, al Fondo de Vigilancia y a la Contraloría que acompañaran el proceso, ya que este tipo de solicitudes resultan extrañas. El costo de la plataforma
En diversas entrevistas el presidente de la ETB y miembros de la administración especulan sobre el valor de la nueva plataforma, precios que han oscilado entre $110.000 millones y $300.000 millones, sin contar la geolocalización. Queremos decir que nuestra compañía cotizó en $60.000 millones más IVA la plataforma completa, incluida la geolocalización de celulares. Desconocemos el valor de la propuesta enviada por la compañía C&G ingeniería, que representa a Thales, pero independientemente de que su valor sea superior al nuestro, no consideramos posible que el costo de la nueva plataforma llegue a esas cuantiosas sumas, más si excluye la geolocalización. Cabe preguntarse: ¿es lógico direccionar un proceso para la firma más económica?
No en venta, sino en arrendamiento
Más desconcertante es que el día 19 de agosto de 2015, dos días antes del debate en el Concejo de la ciudad, la ETB nos pidió realizar una oferta, ya no en calidad de venta de la plataforma, sino en arrendamiento, aspecto que va en contravía de los intereses de la administración, pues bajo esta modalidad los equipos nunca llegarán a ser propiedad de la ciudad. Con el arrendamiento la ETB no sólo busca poner al proveedor a financiar el proyecto, sino que adicionalmente pretende cobrar por una simple intermediación. Permítanos cuestionar nuevamente: ¿cómo es posible que pocas horas antes del debate en el Concejo, la ETB nos invite una vez más a continuar en el proceso, si en versión del señor Hernán Silva la administración tenía identificado nuestro supuesto direccionamiento del mismo? ¿Falta de transparencia?
¿Qué más falta de transparencia que la obligación de firmar un acuerdo de confidencialidad so pena de multas de $200 millones? El 3 de agosto solicitamos a la ETB levantar el acuerdo, por la transparencia, pero sin respuesta. Hemos respetado las obligaciones, pero, por las acusaciones, es hora de hacer estas aclaraciones. Además, fue la ETB la primera en violar el acuerdo. Concluimos que las invitaciones hechas a nuestra empresa hacen parte de una estrategia para darle visos de legalidad a un proceso que nació viciado y en el cual requerían un chivo expiatorio para darle continuidad a un convenio en el cual los entes de control ya han hecho hallazgos que rayan en lo penal. Geolocalización
Según el alcalde Gustavo Petro, la nueva plataforma contará con geolocalización, algo diferenciador de la plataforma existente. Luego, el presidente de la ETB afirmó que dicha tecnología debía ser opcional. Actualmente sólo dos operadores (Claro y Movistar) tendrían la obligación de brindar la información sobre sus abonados. Dichas compañías tienen el 65% del mercado en telefonía celular. ¿Y el resto? Adicionalmente, el señor Kattán manifestó que la geolocalización estaba siendo direccionada a la empresa Polaris, firma a la cual representamos en Colombia. Pero parece que desconocen que tanto Claro como Movistar adquirieron otras plataformas de geolocalización que claramente cumplen con las exigencias del Gobierno. Esto hace evidente que existen en el mercado internacional, y ya en Colombia, más opciones para este tipo de servicio. ¿Por qué la ETB no adecuó su anexo técnico para incluir las demás opciones y se limitó a excluir la geolocalización?
Versiones del anexo técnico
Acusan a nuestra empresa de haber realizado el anexo técnico, pero hay que aclarar que nuestra compañía ha participado en la intención de modernizar la plataforma desde 2012, dando ideas y propuestas. El anexo publicado en la página web de contratación estatal está fundado en la copia y pega de diversas recomendaciones de varias empresas participantes en el proceso. La prueba reina del coordinador de la línea 123 son unos metadatos en uno de estos archivos. Pero para una persona tan cuestionada, cambiar los metadatos de un archivo de Excel es tan fácil como instalar el programa, cambiar los datos del propietario del archivo y grabarlo de nuevo. De igual forma, el señor Silva mostró en el Concejo las pruebas donde se puede verificar que él, su equipo, las cinco agencias y el consultor internacional trabajaron en el anexo técnico que se firmó en octubre de 2014. La pregunta es: ¿finalmente el anexo lo hicieron el señor Silva y su equipo o lo hizo Estrategia y Defensa?