Las protestas de los recicladores terminaron en la modificación de las condiciones para el reporte de las toneladas que aprovechan estas organizaciones, producto de su labor diaria. Si bien, con esto la Superintendencia de Servicios Públicos busca generar mayores garantías para el pago a las asociaciones, detrás hay varias condiciones que no se deben pasar por alto en la discusión.
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Todo comenzó hace un par de meses cuando las organizaciones de recicladores de la ciudad hicieron plantones frente a la Superservicios. La razón: desde hacía más de seis meses no recibían el pago de la tasa de aprovechamiento (que se cobra en la tarifa de aseo), debido a que se suspendió el registro del material aprovechado en el Sistema Único de Información (SUI), por inconsistencias como transacciones ficticias, doble reporte de lo reciclado o de materiales no aprovechables.
Por esto, las asociaciones no estaban recibiendo el pago correspondiente a las tasas de aprovechamiento. “Hay organizaciones que llevaban un año completo sin recibir nada, por lo que escribimos casi que mes a mes a la Superintendencia para llamar la atención, peros solo hasta que se hizo el plantón nos pusieron cuidado”, indicó Nohra Padilla, lideresa de las asociaciones de recicladores en la ciudad.
Luego de esto, se establecieron mesas de diálogo para buscar soluciones, en las que, según Padilla, se explicaron los nuevos indicadores y la entidad reconoció la factibilidad de que en la ciudad se recogieran 8 toneladas y no 3, como ellos tenían previsto en sus cálculos. “Los recicladores no se van a jugar encima de las canecas, porque de lo que recogen depende el pan de cada día”.
Los indicadores corresponden a nuevas medidas implementadas para el registro de la información como, por ejemplo, la base de datos de los usuarios, el registro de las macrorrutas y el reporte del “Balance de Masas”, que reemplaza lo hecho por las estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Sobre esto, Padilla señala que con las nuevas disposiciones se está yendo en contra de los derechos de los recicladores de oficio, por lo que el inconformismo se mantiene.
“Han tenido que llegar a estas medidas desesperadas, porque han aceptado a cuanta organización y empresa que decía ser de recicladores, y lo que llegaron fue a cometer los fraudes. Al final, somos nosotros los que estamos altamente perjudicados, porque no tenemos reconocimiento económico y sí más requisitos y medidas exageradas. Ahora el reciclador debe anotar prácticamente el número del apartamento de donde se tomó el reciclaje”, indicó.
Algo similar comenta Luis Alberto Romero, de la Entidad Medioambiental de Recicladores, quien ha señalado que desde el año pasado han denunciado empresas como acciones particulares, que habrían inflado las cifras de recolección, a tal punto que se señalaba que la ciudad estaba reciclando más del 30 %, cuando en verdad seguían llegando las mismas toneladas de basura a Doña Juana y el promedio de reciclaje es del 15%.
Al respecto, Federico Parra, antropólogo y miembro del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional, ha analizado la situación y ha escrito del problema estructural sobre la formalización de los recicladores, refiriéndose a que el lío va más allá del monitoreo de la identificación de las toneladas que se aprovechan y se centra en que en el país ha primado el interés de pensar en el reciclaje como servicio y no en la formalización de los recicladores.
Esto terminó en “la apertura y motivación para que cualquier empresa, incluidas las empresas prestadoras del servicio de recolección y enterramiento de basuras, entraran a competir con los recicladores por el material reciclable, para hacerse al pago respectivo por concepto de aprovechamiento, proveniente de tarifa de aseo”, argumentó en un informe del Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional.
Según la Uaesp, en la ciudad hay identificadas 309 asociaciones de recicladores y alrededor de 25.000 personas ejerciendo este oficio, base de la que parte la Superintendencia para el registro. Como lo señaló Padilla, continúan con las negociaciones, para definir otros inconvenientes como, por ejemplo, qué se hará con los meses no pagados, en los que no se recibió información del material aprovechado.
Las organizaciones de recicladores esperan una reunión para el próximo 30 de noviembre, con la alcaldesa Claudia López, para tratar este y otros temas como el de la regulación de las ECA, que por ahora depende de la aprobación por acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo.
Por lo pronto, está claro que ahora deben implementar nuevos mecanismos para el reporte del material aprovechado, con el fin de que no se vuelvan a presentar nuevas acciones fraudulentas en el reporte del material reciclado en la ciudad.