Con la convocatoria a las urnas para votar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro, hecha el pasado martes por el registrador Carlos Ariel Sánchez, se abre formalmente la campaña política de la administración distrital por mantenerse en el poder. Al tiempo, como el fallo de destitución e inhabilidad por 15 años proferido por la Procuraduría aún no está en firme, el mandatario conserva su dignidad y, por lo tanto, lo siguen cobijando las normas que le impiden hacer proselitismo. Se abre un debate sobre los límites que tendrá el alcalde para hacer política.
Una vez se conoció el fallo de la Procuraduría, el alcalde convocó a la ciudadanía en por lo menos tres oportunidades a la Plaza de Bolívar. Petro pretendía con esas manifestaciones que el pueblo defendiera su mandato ante una decisión que, considera él, violó sus derechos políticos y los de los bogotanos. En esos actos participaron Antonio Navarro, cabeza de la lista al Senado por la Alianza Verde, y Aída Abella, candidata presidencial por la Unión Patriótica. “Eso fue una participación en política de parte del alcalde”, señaló recientemente el concejal Juan Carlos Flórez en un debate radial.
Para el cabildante, el alcalde seguía ejerciendo como tal y, por lo tanto, continuaba limitado por la prohibición de participar en actos que favorezcan a algún candidato a las próximas elecciones. El argumento fue negado, en diálogo reciente con este diario, por el mismo Navarro. “No. Yo llegué al Palacio Liévano a expresarle mi solidaridad a Petro cuando el evento ya había comenzado. Me asomé al balcón, pero nunca hablé. En el caso de Abella, a pesar de que haya dado su discurso, hoy, oficialmente, no es candidata a nada”, dijo el candidato al Senado que, de todas maneras, salió en las imágenes de los medios de comunicación junto a un alcalde en la cresta de su popularidad.
Las encuestas lo demuestran: a raíz de la supuesta injusticia que el Ministerio Público cometió contra el alcalde, la Alianza Verde ha catapultado sus posibilidades de consolidarse como una fuerza decisoria en el Congreso de la República. Entonces, es previsible que estos hechos sean un tema recurrente en la campaña electoral del próximo año e, incluso, que los aspirantes al Parlamento terminen haciendo parte de las manifestaciones, mensajes y demás actividades que los petristas realicen para defender a su líder de la revocatoria y de la eventual ratificación del fallo de la Procuraduría.
El 20 de mayo de este año, la Procuraduría expidió un comunicado en el que les recordaba a los mandatarios con procesos de revocatoria en curso que no podían gastar recursos del erario en la defensa de su gobierno. Además, indicó que “una de las formas de ejercer proselitismo político deviene de las actividades dirigidas a que los electores decidan apoyar o no todo proceso que implícitamente tenga que ver con la terminación atípica del período para el cual fue elegido un mandatario”, limitando, de paso, las posibilidades de Petro de pronunciarse sobre el proceso de revocatoria que ha liderado el representante a la Cámara Miguel Gómez.
Inmediatamente, varios constitucionalistas condenaron el comunicado y dijeron que esa posición violaba el derecho del electorado al voto informado, pues los revocadores serían los únicos con capacidad de convencer a los votantes. La Procuraduría reculó y quedó en firme que los candidatos a revocados podrían defender su mandato exponiendo su obra de gobierno y sus razones para evitar el fin prematuro de sus períodos de gobierno. De esa manera, Petro está en plenas facultades de salir a defender a la “Bogotá Humana” ante los bogotanos.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, Petro puede hacer mención de todos sus logros, pero hay una frontera que no está clara entre la defensa del mandato y la participación en política dada su pertenencia, y la de su gobierno, a la Alianza Verde, un partido que se encuentra en la carrera electoral y que, obviamente, va a hacer todo lo posible para no perder el poder en Bogotá. “Mientras él (Petro) se mantenga hablando de sus programas y de su ejecución del plan de desarrollo, no está violando la ley”, afirmó en diálogo con El Espectador el reconocido jurista.
José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, dice que los opositores de Petro no pueden confundir un hecho con otro. “El alcalde tiene derecho a todas las instancias legales, e incluso a la protesta, para frenar el fallo de la Procuraduría. Pero también le debe ser respetado el debido proceso en la revocatoria y eso implica hacer campaña para que triunfe el no”, afirmó. Y añadió que “no tendría nada de malo ver a Petro junto a figuras del partido al que pertenece que estén en campaña, en actos públicos que pretendan hacer campaña por el no. Siempre en el marco de la revocatoria. Hay que ser muy cautos en distinguir actos para las elecciones parlamentarias y actos de defensa del gobierno”.
Bajo esa interpretación, los opositores del alcalde tendrán que soportar que Petro salga a defender su mandato con marchas, anuncios y todo cuanto esté a su mano, siempre y cuando no utilice recursos públicos para ello. Incluso, que el Partido Verde respalde en actos públicos al alcalde. No obstante, ya empiezan a aflorar figuras que pretenden limitar al máximo la posibilidad de acción del gobierno del movimiento Progresistas, hoy parte de la Alianza Verde. En ese sentido, es de público conocimiento, los organismos de control tienen a las entidades distritales bajo la lupa para evitar violaciones a la ley de garantías y otro tipo de actos que pretendan, con el dinero de los bogotanos, favorecer la imagen del alcalde.
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@CamiloSeguraA