Luego del primer año de gestión, con nota de desaprobación mayoritaria de los capitalinos, el gobierno de Bogotá Humana enfrenta ahora a distintos movimientos sociales suscitados por decisiones suyas puestas en marcha. No sólo son los trabajadores de Aguas de Bogotá —quienes laboran en viles condiciones y supervisados por piquetes del Esmad—, protestando por pagos a destiempo o por incumplimiento de normas contractuales, sino miles de habitantes y trabajadores en resistencia.
Un insólito caso, en tanto ha sido contrafuerte de la administración, es el del sindicato de ETB, Sintrateléfonos. Súbitamente se conoció, entrado el mes de enero, que el 31 de diciembre, a hurtadillas, se había denunciado la Convención Colectiva, con lo cual los logros pactados hasta esa fecha quedaron en entredicho para la negociación en curso. Si se complementa con declaraciones del gerente Kattan, como “hay muchas cosas que no les vamos a quitar”, puede inferirse que, en aras de pretendida competitividad, se impuso una política “antilaboral”.
Lo mismo con el magisterio. El 7 de febrero, a pesar de la coacción de la Secretaría, miles de docentes se movilizaron contra el Plan Sectorial de Educación que, además de aplicar directivas sobre carga académica emanadas del Ministerio, los obliga, en especial a los nuevos y en capítulos como primera infancia, jornada extendida y otros, a sistemas de trabajo contradictorios del Estatuto Docente y de los regímenes existentes, incluyendo el enganche mediante operadores privados intermediarios y un contrato anómalo. Asimismo, se debate la implementación del grado 12 que, como lo recomienda el Banco Mundial, se quiere volver reemplazo de hasta los dos primeros años universitarios, desdibujando así el desarrollo genuino de la educación superior para las poblaciones de menores ingresos.
No sólo en barrios “pudientes” de Bogotá hay brotes de inconformidad contra el cobro de valorización. El origen es el acuerdo del Concejo 180 de 2005, aprobado con fallas estructurales, no corregidas por el gobierno anterior, que facturó la primera fase del proyecto, y mantenidas por la actual administración. El valor de obras de interés general, como las avenidas José Celestino Mutis, Bosa o San José (calle 170), se descarga sobre las comunidades circundantes, las cuales deben asumir además el correspondiente a parques, andenes y puentes cercanos, causando una exacción que supera su capacidad de pago. Nada se resolverá sin la reestructuración del acuerdo, ni siquiera las rebajas focalizadas, en tanto las sumas descontadas se trasladarán a los estratos que queden cotizando.
Aunque en tiempos electorales se proclamó el “derecho al trabajo” de los vendedores ambulantes, los procesos y mecanismos de reubicación, especialmente de los venteros del 20 de Julio, han provocado protestas por “falta de garantías”, y una reacción similar produjo —entre organizaciones sociales y padres de familia— la expedición del acta de defunción de las 103 casas vecinales para la niñez que funcionaron por varias décadas.
La capital es ciudad de enormes contradicciones, que, de no atenderse debidamente, pueden explotar en contravía de las metas que eventualmente persigue Bogotá Humana.
*Analista de Blu Radio y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.