Habría que empezar por los decretos emitidos durante la segunda semana de diciembre de ese año que le dieron potestad a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) – a través de la empresa Aguas de Bogotá – de hacerse cargo de la recolección de basuras en la capital. Sobre este punto la Procuraduría fue contundente al afirmar que estas empresas no “eran capaces, desde el punto de vista técnico, operativo y por la falta de experiencia, para asumir la prestación del servicio público de aseo de la ciudad”.
Resultó preocupante , entonces, que el Distrito decidiera cambiar el esquema justo cuando faltaban tres meses para que terminaran los contratos con los operadores privados de recolección de basuras (Lime, Aseo Capital , Atesa y Ciudad Limpia). Para la Procuraduría, el Distrito estaba violando la Ley de Servicios Públicos al no garantizar la libre competencia de los actores privados. Y, además, el Distrito autorizó la prestación del servicio de aseo con volquetas, lo que para el organismo de control fue “antirreglamentario” (entre el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras, según la Procuraduría).
La Superintendencia de Servicios Públicos aseguró en ese entonces que el nuevo esquema de recolección de basuras era irregular y que además empezaría una investigación contra el Acueducto de Bogotá por operar con volquetas y compactadores que dejaron caer residuos sólidos y líquidos en las carreteras de la ciudad. Vale la pena decir que el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 impidió que otros operadores privados de aseo asumieran la recolección de basura. Por este motivo se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); señaló que el Distrito había incurrido en “conductas anticompetitivas”.
Ante la necesidad de asumir la recolección de basuras en la capital, el Distrito necesitó alquilar 70 camiones compactadores. El Espectador reveló que a través de una empresa panameña se alquilaron estos vehículos de aseo. Eran ofrecidos en internet a precios muy bajos y aparecían en la categoría «dañados y averiados». Los vehículos aparecieron en páginas como Easyexport.us y Ridesafely.com. Este diario encontró que la 23 vehículos que llegaron a Colombia en Navidad estaban siendo subastados virtualmente, a precios irrisorios y bajo la advertencia de que se trataba de carros siniestrados o chocados. Días antes de que los camiones llegaran al puerto, el Distrito fue notificado por la DIAN de que, según acuerdos internacionales firmados por Colombia, la importación de vehículos de segunda está prohibida en el país.
Al lío de los compactadores se sumó las dificultades para remunerar a 2.500 recicladores de la ciudad. En diciembre de 2012 se acordó que la remuneración se haría vía tarifa. Sin embargo, de las 1.540 bodegas que existen en la ciudad, solamente 520 estaban registradas en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Sin el reporte de las bodegas, la UAESP no podía remunerar a los recicladores.
El alcalde Gustavo Petro no tuvo otro camino que contratar, de nuevo, a Aseo Capital, Lime, Atesa y Ciudad Limpia. Sin embargo, los operadores privados dejaron de recibir recursos a través de porcentajes de lo recaudado vía tarifa (como se realizó durante los últimos 10 años) y empezaron a obtener un cargo fijo mensual.