Como sucede con quienes acompañan en las campañas políticas a los candidatos a puestos de elección popular como a Andrés Rojas Franco, su apoyo al entonces candidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, le valió para hacerse con un importante cargo en el primer gobierno municipal del país.
No fue una campaña fácil, no obstante, la favorabilidad con que terminó su partido político, el Polo Democrático Alternativo, la Alcaldía liderada por Luis Eduardo Garzón. La exitosa campaña finalmente llevó a Moreno a la primera magistratura distrital con una ventaja del 49% de los votos de los bogotanos contra 29% de su principal contendor, el también hoy candidato Enrique Peñalosa.
El acompañamiento de Andrés Rojas – un comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá que cubrió como reportero los temas de Bogotá para el canal City Tv de la Casa Editorial El Tiempo y el Canal Caracol– no fue casual, ni de último momento. Rojas renunció a la reportería para vincularse al Polo Democrático a comienzos de 2006 y a mediados de ese año ya estaba vinculado a la campaña del hoy suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas.
Un año y medio de duro trabajo le valieron para que el elegido alcalde decidiera contarlo dentro de su nómina de asesores al comienzo de su gestión.
Tal vez por los afanes de la posesión y la inmediatez que requería su asesoría, tal vez por los sistemas de contratación en el sector público el primer contrato de Rojas en enero de 2008- el mismo día en que se posesionó su jefe el alcalde Samuel Moreno Rojas- fue de apenas un mes. A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Rojas Franco recibió una orden de servicio por un valor de $11.500.000.
El encargo era “prestar servicios profesionales en la formulación del programa de comunicaciones del nuevo Plan de Desarrollo y sus proyectos correspondientes, a través de la elaboración de un documento teórico que sirva como base para la sustentación del Programa Comunicacional y sus proyectos”.
Un mes después su vínculo con la Alcaldía fue renovado por primera vez a través de dos otrosís que también le significaron su primer aumento con apenas un mes de trabajo; los honorarios mensuales fueron tasados en $12.500.000, esto es un aumento del 8,69% respecto a sus honorarios de un mes atrás.
Aunque esto no es ilegal por tratarse de una contratación privada llama la atención que en apenas un mes se logre un incremento de más de dos puntos por encima de lo que le aumentaron a todos los trabajadores del país por ley en todo un año.
En septiembre de ese mismo año se registró el tercer contrato del comunicador con la Alcaldía. Esta vez el objeto fue: “prestar sus servicios profesionales a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para liderar los procesos de comunicación creados para informar de forma eficiente y eficaz al ciudadano… así mismo, liderar y dirigir y coordinar los diferentes grupos de comunicadores de los 12 sectores que componen el Distrito Capital”.
El contrato se suscribió por un plazo de cinco meses por un valor de $70 millones, esto es un promedio de $14 millones mensuales. De esa forma, su tercer contrato le significaba un aumento del 12% respecto a lo que ganaba un mes antes y del 21,73% respecto al primer contrato que tenía con la Alcaldía.
El cuarto contrato que firmó Andrés Rojas con la Administración Distrital fue el más largo y estuvo vigente desde el 5 de febrero de 2009 hasta el 13 de agosto de 2010. El monto inicial del convenio fue de $175.560.000 para luego ser prorrogado y adicionado en $87.780.000.
En promedio la asignación mensual de Rojas se incrementó en 4,5% respecto al anterior y un 27,21% más de lo que significó su primer trabajo con la Alcaldía apenas año y medio atrás.
Terminado este acuerdo la Alcaldía y su asesor en comunicaciones llegaron a un nuevo convenio por seis meses y por un valor de $90.413.000, lo que le aseguró un ingreso mensual de $15.068.000; esto representa un nuevo aumento del 2,99% frente al convenio que acababa de terminar y 31,26% por encima del que firmó a través del PNUD el día que su jefe se posesionó como Alcalde Mayor de Bogotá.
La última vinculación de Rojas con la Alcaldía comenzó el 14 de febrero de este año y debía ir hasta el 16 de diciembre. Sin embargo, este fue interrumpido tras la suspensión del alcalde Samuel Moreno en el marco del escándalo del carrusel de la contratación y por el anuncio también de la Procuraduría de abrirle una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado. Este contrato fue acordado por $156.716.560.
El Espectador consultó con expertos en contratación pública y con la Procuraduría General de la Nación sobre las características de los convenios, y si bien en una primera evaluación no encontraron nada ilegal les llamó poderosamente la atención que en al menos tres contratos que tienen exactamente el mismo objeto y en uno más en el que sólo varía el inicio del enunciado del mismo se presenten incrementos muy por encima de los índices inflacionarios y aún más sobre los aumentos salariales como para empleados públicos como privados.
Así mismo, se pudo conocer que un procurador delegado está mirando con lupa los detalles de estos contratos firmados todos desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
También es objeto de investigación las funciones que desempeñó durante todo este tiempo el jefe de prensa de la Alcaldía para establecer si a Rojas se contrató para realizar funciones que otros funcionarios estaban realizando.
Entre algunos concejales causa curiosidad, por decir lo menos, la existencia de cuentas de cobro de Andrés Rojas con la fundación Chiminigagua. El Espectador conoció una del 2 de marzo de 2008 por $750 mil cuando Rojas ya era asesor de Samuel Moreno.
El concejal Javier Palacio Mejía, que le ha venido haciendo seguimiento al caso, dijo que si bien un contrato con Chiminigagua no es ilegal por lo menos plantea un conflicto ético para el asesor de la alcaldía.
Durante la Administración de Samuel Moreno, la Fundación Chiminigagua hizo 22 contratos con diferentes entidades distritales por un valor de $2.999.726.502.
Al ser consultado sobre el tema, el exasesor se negó a responder a los cuestionamientos y dijo en “una conversación informal” que no puede contestar los interrogantes que surgen alrededor de sus contratos con la Alcaldía y la vinculación con Chiminiguagua.
Twitter: @PaulaCastilloL