Tras el retorno de alrededor de 120 familias de origen Embera a su territorio en el departamento de Risaralda, tras ser desplazadas y haber encontrado refugio en Bogotá, este viernes la Procuraduría General de la Nación –que verificó el proceso en coordinación con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería– anunció que adelantará labores de vigilancia preventiva y control de gestión para garantizar que su retorno sea definitivo.
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Según el ente de control, se trata de un monitoreo permanente para vigilar que la oferta institucional sea efectiva y permita que el proceso de retorno de los 570 individuos sea efectivo. Las familias, pertenecientes al resguardo Giotó Docabu del municipio de Pueblo Rico, habían sido desplazadas en 2014 por parte de grupos armados ilegales.
Las familias recibían ayuda humanitaria de emergencia en Bogotá por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.
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“El Ministerio Público, junto con representantes de la comunidad Embera, verificaron el cumplimento de las condiciones mínimas de alojamiento, seguridad y bienestar en el resguardo, para el traslado y asentamiento de los miembros de esta comunidad”, explicó el organismo de control.
Esta semana, la población adelantó una marcha en busca de garantías y atención a sus derechos en el Distrito. Más de 450 indígenas de la etnia se reunieron para desplazarse hacia la plaza Tercer Milenio. La marcha fue acompañada por Gestores de convivencia, Secretaría de Gobierno y Policía.
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