Fue un presagio de las madres comunitarias: el modelo de contratación implementado por el Distrito en diciembre de 2012 para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años no haría más que afectar el funcionamiento de las casas vecinales (jardines infantiles creados por las madres comunitarias a mediados de los ochenta). El Movimiento Cívico Comunitario de las Casas Vecinales se opuso, en ese entonces, a que la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se hiciera cargo de estos jardines, alegando improvisación. La situación, un año más tarde, continúa siendo la misma.
La Secretaría de Integración argumentó que el Distrito dejaría de subcontratar a las madres comunitarias para “generar condiciones dignas de trabajo”. Anteriormente el Distrito utilizaba el modelo de contratación indirecta para que las madres comunitarias atendieran gratuitamente a niños y niñas de 0 a 5 años en zonas de escasos recursos. La idea de la administración Petro consistió en vincular directamente a 1.571 mujeres que venían trabajando en las casas vecinales.
Sin embargo, no todo resultó como estaba proyectado: “No hubo contratación directa. Los contratos con las maestras, por ejemplo, se realizaron a lo largo del año por prestación de servicios entre tres, cinco y ocho meses; con interrupciones. Hay varias maestras que lograron firmar contrato pero que no firmaron actas de inicio. Antes teníamos contrato a término indefinido; teníamos prestaciones sociales, subsidios para nuestros hijos. Hay maestras que terminaron contrato en agosto y apenas este 24 de diciembre les giraron los recursos. Al personal de nutrición lo vincularon a EPS y ARP 16 de diciembre”, dice una madre comunitaria que prefiere mantener su nombre en reserva: “en la Secretaría nos prohíben hablar con medios de comunicación”, asegura.
La oposición no sólo viene desde el sector de algunas madres comunitarias. El concejal Juan Carlos Flórez, quien denunció a mediados de 2013 que la administración no estaba cumpliendo con las promesas en primera infancia, señala que al finalizar el año “no encontramos los grandes ajustes que se prometieron cuando se decidió acabar con el modelo de educación popular que se había gestado en las casas vecinales: los servicios generales, la alimentación, dotación, papelería y arreglos locativos continúan tercerizados; en cuanto a optimización de recursos, el Distrito invertía anualmente $4’813.393 por cada niño que era atendido en una casa vecinal; hoy se invierten $5’735.024; hoy ninguna coordinadora, ni maestra, ni técnica educadora tiene un contrato laboral digno”.
Un problema que se presentó en las casas vecinales durante 2013 fue el cierre temporal de algunos jardines: “Hubo una suspensión grave de servicios en febrero de 2013 por problemas en contratación. Lo que han hecho durante el año, cuando no han podido renovar los contratos, es enviar personal de la Secretaría para que atienda a los niños. Pero no hay estabilidad laboral y eso dificulta los procesos de enseñanza”, señala una madre comunitaria. Flórez agrega que “entre enero y febrero no se atendió, por cerca de un mes, a 11 mil niños por mala planeación en procesos de contratación de alimentos y servicios generales. Entre julio y agosto no se han cumplido las minutas, ni los gramajes que garantizan una alimentación balanceada”.
Las madres comunitarias también dicen que entre julio y agosto hubo una crisis de alimentación en las casas vecinales: “La comida para los niños fue deficiente: dejamos de suministrar alimentos, de cumplir con la minuta, porque la Secretaría había contratado el Consorcio Alimentación Social 2013, que no tenía experiencia para repartir la comida”. En efecto, la administración distrital tuvo que subsanar la crisis contratando a Colsubsidio para la entrega de alimentos en 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado.
El Espectador intentó, sin éxito, obtener respuesta por parte de la Secretaría de Integración Social sobre las promesas que, según las madres comunitarias, el Distrito incumplió. La información que remitió la entidad no hace referencia a los contratos con las madres comunitarias o a las crisis que denunciaron, sino al presupuesto ejecutado en las casas vecinales.
Las cifras recopiladas por la Secretaría de Integración Social demuestran que en los últimos años ha aumentado la ejecución presupuestal en las casas vecinales.
En 2011 se ejecutaron $26.742’061.205; en 2012, $28.005’356.728 y a corte de septiembre de 2013, $33.112’910.505. Existe otra conclusión que surge a partir de las cifras que entregó el Distrito. El presupuesto, en su mayoría, está concentrado en tres localidades: Ciudad Bolívar fue la que ejecutó la mayoría del presupuesto: $7.944,586 millones. Detrás está la localidad de Bosa, donde hubo una ejecución de $5.516,816 millones. En Usme también hubo una concentración de presupuesto, con $4.166,320 millones.
Después de un año de trabajo con el Distrito, las madres comunitarias temen que se acerque el fin de las casas vecinales. De hecho, anuncios del alcalde Gustavo Petro que han aparecido en su cuenta de Twitter han generado desconfianza en el grupo de madres comunitarias. En la mañana de este jueves, Petro dijo que “entran al Distrito 325 nuevos maestros
svalenzuela@elespectador.com
@santiagov72