Si hay algo que el alcalde Gustavo Petro ha demostrado es su férrea convicción de que Bogotá necesitaba un nuevo esquema de basuras. Pero la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años precisamente por cambiar ese esquema, piensa lo contrario. El organismo ha señalado que, entre otras irregularidades, hubo “deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados”. Y ahora, en la Personería Distrital, los gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y de Aguas de Bogotá, Alberto Merlano y Ricardo Agudelo, respectivamente, podrían correr con la misma suerte que el mandatario por cuenta de supuestos errores de planeación en la compra de 278 vehículos entre volquetas, barredoras, recolectores y otras máquinas con las que Petro buscaba hacer realidad su plan “Basura Cero” .
El plan A del alcalde para cambiar el modelo de recolección de desechos era que las empresas del Distrito tuvieran cómo asumir la prestación del servicio. Es decir, que llegaran a ellas los camiones que los operadores privados habían usado durante los últimos años en una especie de préstamo (modelo de concesión). Sin embargo, luego de que los operadores se negaran a regresarlos asegurando que por ley no tenían que hacerlo, entre septiembre y diciembre de 2012 la administración se vio obligada a poner en marcha los planes B, C y D. Primero el Acueducto, como principal responsable de la implementación del modelo, alquiló volquetas. Después abrió un concurso para comprar la flota de compactadores y vehículos con la que Aguas de Bogotá operaría el aseo. Por último, como el tiempo apremiaba, alquiló camiones compactadores en un cuestionado triángulo comercial.
El segundo proceso, el de compra de camiones, que se llevó a cabo mediante dos contratos firmados entre el 12 y el 17 de diciembre de 2012 con el consorcio Daewoo-KMA y con Navitrans S. A. por un valor total cercano a los $78 mil millones, es el que ahora cuestiona la Personería y por el cual ambos funcionarios, Merlano y Agudelo, han sido citados a dar explicaciones. Este diario conoció algunos detalles de las pesquisas que han hecho los funcionarios del ente disciplinario desde que una nota del diario El Tiempo, del pasado 3 de julio, prendiera las alarmas sobre la posibilidad de que 60 compactadores adquiridos por la Empresa de Acueducto, que permanecían parqueados en un lote a las afueras de la ciudad, estuvieran generando un detrimento patrimonial que, para ese entonces, ya estaba en el radar de la Contraloría Distrital.
Uno de los principales interrogantes de la Personería para determinar si debe destituir o suspender a alguno de los gerentes es si el objetivo con el que fue adquirida esta flota de vehículos se cumplió. Lo que, al parecer, no ocurrió. Especialmente, en lo que tiene que ver con 184 compactadores que fueron recibidos por Aguas de Bogotá luego de que el 31 de marzo Alberto Merlano, gerente de la EAAB, junto con otros 94 vehículos para que los administrara: 278 en total. La idea, cuando se compraron en diciembre de 2012, era que con esos vehículos el Distrito fuera capaz de recoger por lo menos el 80% de los residuos de la ciudad.
El resultado final, no obstante, parece no sustentar que esa meta se cumplió. Tras negociar en los últimos días de diciembre de 2012 con los privados y su vinculación al nuevo modelo mediante la subcontratación, Aguas de Bogotá sólo quedó con la responsabilidad de operar el 52% de la ciudad, no la totalidad, o el 80%, como era el objetivo inicial de la administración. Incluso, en diálogo con El Espectador, Agudelo afirmó que si hoy el Distrito tuviera que operar el servicio de recolección en toda la ciudad, no bastaría con los vehículos que compró el Acueducto en tiempos de Diego Bravo. Éste fue también destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 12 años, por cuenta del cambio del esquema de recolección de basuras. “Seguramente, habríamos tenido que recurrir a otro proceso de compra o a una modalidad de alquiler”, admitió Agudelo.
De acuerdo con las averiguaciones que ha hecho la Personería no es cierto, como sostuvo Agudelo en diálogo con este diario, que los 184 compactadores estén siendo utilizados en la recolección de residuos y en el apoyo a la operación del reciclaje y el aprovechamiento de recursos. Por el contrario, según las mismas informaciones, lo que está ocurriendo es que debido a choques y fallas de las cajas de compactación, entre otros siniestros o problemas de adaptación a las particularidades del terreno de recolección, entre 70 y 80 compactadores no operan normalmente. Incluso, a algunos de esos camiones que no se mueven les han removido piezas para reemplazar partes afectadas de los que están rodando por las calles.
Agudelo, por su parte, indica que es cierto que muchos compactadores no se adaptaron a los terrenos de Bogotá y a la operación y que hay cerca de 70 camiones que deben ser sometidos a modificaciones o arreglos. Aclara, sin embargo, que a pesar de esa situación los camiones no han salido de operación, pues “los meses finales del año son los más pesados para el servicio” y que en los próximos meses serán arreglados sin que el Distrito pague un peso por esas reparaciones. Además, el gerente de Aguas de Bogotá advirtió que por esas dificultades tuvo que reunirse a finales de noviembre de 2013 con el presidente mundial de Daewoo para que éste hiciera efectiva la garantía que había sido “difícil de hacer cumplir” hasta entonces. Según fuentes de este diario, Merlano confirmó en el proceso disciplinario que esa reunión tuvo lugar y que el problema fue resuelto.
En últimas, según lo recolectado hasta el momento por el organismo de control, lo que ocurrió fue que la Alcaldía le compró esos compactadores a un consorcio incapaz de hacer cumplir la garantía con la celeridad necesaria. Además, hay suficientes indicios para afirmar que los vehículos, pese a generar menos emisiones de gases que los compactadores de los operadores privados o aquellos alquilados en Panamá, son menos eficaces: pueden compactar 10 toneladas en promedio mientras los otros, 15. Es decir, los vehículos que compró el Distrito tienen una eficacia (en términos de peso y de viajes necesarios) 33% inferior a los compactadores que fueron alquilados. “Eso es normal. Nuestro plan de desarrollo dice que la prioridad está en preservar el medio ambiente y no en la disminución de costos que implica hacer menos viajes”, dicen en Aguas de Bogotá.
Para la Procuraduría, como quedó consignado en el fallo contra Gustavo Petro, está claro que hubo una falta de planeación en la compra de vehículos. Ahora será la Personería la que decida en un plazo de cuatro meses, aproximadamente, si existió una falta de planeación y si esas eventuales fallas ameritan una sanción contra Agudelo y Merlano. Por el momento estos contratos, que aparentemente iban a ser la solución a los cuestionamientos que había recibido la administración por alquilar volquetas y camiones que se veían en mal estado, también generan serias dudas.
Todos los contratos de vehículos con los que Petro buscó poner en marcha el programa “Basura Cero” resultaron siendo parte de las razones por la cual la Procuraduría lo destituyó. Desde que se produjo esa sanción, el mandatario y sus defensores han sacudido tanto el escenario nacional e internacional que cualquier cosa que pase de aquí en adelante podría ser histórica: puede que por primera vez un alcalde mayor de Bogotá sea destituido —ni siquiera Samuel Moreno lo fue—, puede que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue a Petro medidas cautelares por supuesta persecución ideológica del procurador. El Ministerio Público sostiene que el alcalde no planeó sus decisiones y sometió a la ciudad al caos. Pero éste tiene otra idea, y así lo expresó en la movilización del pasado viernes: “Si los privados hubieran devuelto los camiones, nada hubiera pasado”.
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@CamiloSeguraA