San Cristóbal amaneció custodiada por policías en cada esquina y algunos habitantes encontraron soldados del Ejército rondando los barrios que están en la frontera con los cerros orientales. La decisión de aumentar el pie de fuerza fue tomada este lunes durante un consejo de seguridad con representantes de la Policía Nacional, el Ejército, la Sijín, la Secretaría de Gobierno, el Fopae (hoy Sistema Distrital de Gestión del Riesgo —SDGR—), y los alcaldes locales de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Ambas localidades están en la mira por microtráfico, riñas y asesinatos.
Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno, confía en que este año la lucha contra el microtráfico será “contundente”. Tanto Jaramillo como la Policía Metropolitana defendieron la estrategia de seguridad en la zona: “Se están realizando operativos en donde se practican aproximadamente mil requisas a taxistas hasta las 5 de la con el fin de controlar la piratería y los hurtos”. De hecho, hoy se espera definir la presencia permanente del Ejército en puntos críticos de ambas localidades, como le confirmaron a este diario fuentes de la Brigada XIII.
Aunque la Policía de San Cristóbal sostiene que aún no hay un acuerdo formal con el Ejército, sí existe un plan que se implementó en las zonas más conflictivas: “En Ciudadela Santa Rosa, por ejemplo, hicimos un refuerzo con seis unidades de policía: en total hay 12 unidades. El objetivo es controlar el ingreso y la salida de la ciudadela. Lo estamos haciendo por la situación social que vive el sector. Por ahora, el Ejército hace patrullaje en la zona rural”, asegura Efraín Sánchez, comandante de la Cuarta Estación de Policía de la localidad.
Barrios como Ciudadela Santa Rosa están en el radar de las autoridades desde comienzos de año, cuando se empezaron a registrar asesinatos en los cerros orientales de la localidad. Uno de lo más conocidos, el de Gerson Jair Martínez, grafitero y simpatizante del movimiento político del alcalde Gustavo Petro. El 6 de enero, día en que fue asesinado cuando caminaba por los cerros surorientales de Zuque con tres amigos, sus familiares denunciaron que la Policía se había negado a ingresar a la escena del crimen (en donde apareció una bandera de la Bogotá Humana) porque “no era de su jurisdicción”. La Policía de la localidad, sin embargo, asegura que actuó de forma diligente en ese caso. Otro barrio que está en la mira es Los Puentes, en donde el 5 de enero apareció una familia muerta (una mujer de 21 años, un hombre de 23, y dos niñas de 3 y 5 años).
La alcaldesa de Rafael Uribe Uribe, Diana Montoya, cree que la intervención debe ir más allá de la estrategia con la Policía: “Existe un fenómeno grave en ambas localidades: hay un número alto de ocupaciones ilegales en los cerros orientales. Allí se presentan problemas de inseguridad y, además, son zonas de riesgo alto no mitigable. El Ejército nos va a ayudar en los cerros orientales. Habrá operativos de desalojo y programas sociales. Por ahora vamos a hacer recorridos con el Ejército mientras se establecen los acuerdos en la mesa de coordinación con la Secretaría de Gobierno y los alcaldes locales”.
Jairo León Vargas, alcalde de San Cristóbal, desconoce un acuerdo con el Ejército: “No es de mi competencia militarizar el sector. Se ha planteado mayor presencia de la Policía y la implementación de programas sociales. Los acuerdos han surgido porque en la localidad se han presentado hechos de violencia que han generado que la comunidad tenga una percepción errada de la Policía”.
Algunos habitantes que residen en el zona baja de Ciudadela Santa Rosa se han mostrado inconformes con la medida. Es el caso de Emilse Vargas: “Me he sentido muy ofendida con la presencia de tanta policía. El problema está en la parte de arriba, en las montañas, donde persisten los conflictos entre los afros y los propietarios de las casas”.
El problema en cuestión viene desde 2002, cuando se presentaron problemas con las viviendas de la población desmovilizada. En la última década, el conflicto estuvo relacionado con la indemnización de 319 familias por las casas que el Gobierno había entregado con fallas estructurales. Hoy, en algunas de las casas abandonadas, habitan desplazados provenientes del Chocó. La división entre los propietarios se ha agudizado a tal punto que la Secretaría de Gobierno creó una mesa para solucionar las diferencias entre ambas partes. La presencia del Ejército y los acuerdos con la población son temas que están agendados para este jueves.