El lunes se aplazó el juicio para determinar la responsabilidad de Abel Rodríguez, exsecretario de Educación del Distrito, por el sobrecosto en la compra de un lote para construir un colegio en la zona de Mochuelo Bajo, localidad de Ciudad Bolívar. En diálogo con El Espectador, el exfuncionario sostiene que no tiene dudas de su inocencia y que ha habido intereses políticos en su caso.
¿Cómo encara este juicio en su contra?
Llegaré completamente seguro de mi inocencia. Todos los procedimientos establecidos en la Secretaría de Educación para comprar un lote y las normas legales para la adquisición de predios por parte de las entidades públicas, se cumplieron. Lo que ocurrió es que unos delincuentes falsificaron el avalúo comercial de un bien y lograron que la secretaría pagara un sobreprecio. Es decir, fuimos víctimas de una falsedad cometida por gente que la justicia debe determinar, pero no existe un indicio siquiera de que el secretario de Educación participó en ese delito.
¿Cuánto costaba el lote El Clavel y cuánto se terminó pagando por él?
El avalúo comercial señalaba que el lote valía alrededor de $360 millones y la Secretaría de Educación terminó pagando cerca de $1.400 millones, es decir que hubo un alto sobreprecio.
¿Quiénes estuvieron detrás de la adulteración de ese avalúo?
Hasta ahora la plata toda se entregó al vendedor del lote. Él la recibió. Luego el único beneficiario conocido de ese sobreprecio es el que lo vendió. Ese vendedor se llama Germán Castañeda y está involucrado en el proceso. Él no tenía acceso directo al avalúo, y si lo tuvo fue a través de algún funcionario de la Secretaría de Educación. Ese documento estuvo en una dependencia de la entidad durante varios días. Seguramente en ese momento se cometió la falsificación.
¿Quiénes tenían que examinar ese avalúo?
Una funcionaria recibió el documento de una empresa evaluadora y ella era la responsable del manejo de todos los asuntos que tienen que ver con la compra de predios en la Secretaría de Educación. Ella preparó la oferta de compra, la promesa de compraventa, los documentos esenciales los organizó ella y los puso en manos de su jefe inmediato que era el subdirector de plata física. Este los llevó al subsecretario administrativo y de ahí me los pasaron a mi. El recorrido de esa carpeta con los documentos, incluido el avalúo, fue muy grande y complejo en la entidad.
¿Por qué se argumenta que se desconoció una consultoría contratada al particular Walter Álvarez?
Resulta que la Secretaría de Educación contrata a un consultor para hacer los estudios de los lotes a efectos de incorporarlos a una base de datos, pero quien toma las decisiones convenientes de compra es la entidad distrital. La Secretaría no podía confiar a un particular esa misión. El consultor entregó un informe sobre tres lotes y los clasificó sobre su criterio. Pero nunca le dijo a la Secretaría cuál era el lote que se debía comprar, porque no tenía esa competencia.
¿Es decir que el consultor nunca objetó el lote El Clavel?
Nunca y jamás dijo a la Secretaría que no compraran ese lote. En cambio en sus observaciones el consultor comentó, por ejemplo, que el lote era muy grande y por estar ubicado en área rural tendría problemas para la construcción del colegio. Sin embargo, todos los trámites para obtener la licencia de construcción de surtieron a cabalidad y el colegio se construyó y está funcionando. Es decir que lo que él previó que podía suceder no pasó.
También en el proceso se ha dicho que el lote se compró por pedazos y que ahí hubo otra irregularidad, ¿usted qué piensa?
Efectivamente, primer compramos una cuarta parte del lote. Eran cerca de 15 mil metros cuadrados. Sin embargo, en ese primero momento, no se alcanzó a firmar escritura. Después, en el momento del diseño del colegio, la comunidad planteó que tenía un proyecto educativo institucional en el cual se le quería dar una importancia al tema ambiental. Entonces los consultores, de la Secretaría de Educación, en este caso de la Universidad Nacional, recomendaron que se compara más tierra. Ante esa sugerencia, la entidad decidió comprar la totalidad del lote.
No obstante se ha dicho que el lote carecía de los requerimientos técnicos para que ahí se construyera el colegio…
No es cierto, las cumplía totalmente. La prueba fehaciente de que las cumplía es que el curador urbano entregó una resolución admitiendo que se podía construir el colegio. Se dijo en su momento que la institución carecía de servicios públicos, pero en esa zona rural hay acueducto y alcantarillado rural y nosotros recibimos constancia de la empresa que presta esos servicios de que sí podían extenderlos hasta el colegio. La evidencia más grande es que ese lote tenía una vivienda que pagaba servicios públicos desde muchos años atrás. También dijeron que por el sitio pasaba una línea de alta tensión lo cual fue completamente desmentido. En cambio esa línea sirvió para llevarle energía al colegio.
¿Por qué se decidieron por comprar El Clavel y no las otras dos opciones?
Lo que concluyeron los que escogieron el lote es que se trataba del terreno más alejado del relleno sanitario Doña Juana. El problema era que el anterior colegio estaba casi metido dentro del relleno.
¿Se necesitaba construir ese colegio si ya existía otro en el mismo sector?
Sí y la prueba son los datos de matrícula de ese colegio para verificar cómo ha venido creciendo. En 2003 era una escuela pequeña, con alrededor de 300 alumnos, hoy día tiene 1.800 alumnos. Tanto hacía falta la nueva institución, que antes los niños recibían clases hasta en una iglesia situada al lado del plantel y a cuatro cursos les tocaba trastear los pupitres.
¿Cuál es la realidad hoy del colegio del problema?
Ese colegio está funcionando, se llama José Celestino Mutis y se le puso así en homenaje a los 200 años de la Expedición Botánica. Funciona con los problemas lógicos de una institución ubicada en una zona rural.
¿Con usted cuántas personas de la Secretaría de Educación están vinculadas al proceso?
Conmigo somos cinco funcionarios respondiendo ante la justicia. La funcionaria que era responsable de predios en la subdirección de planta física, la asesora jurídica en el negocio, el subdirector de planta física, el subsecretario administrativo y yo. Posteriormente fue vinculado el vendedor del lote. Cada uno tenía sus competencias y responsabilidades y tienen sus propias explicaciones. Pero lo que yo tengo claro es que mi función no era estar verificando documentos.
¿Y cómo hacía usted para blindarse a la hora de firmar documentos?
En todas las instancias previas a mi firma había que revisar los documentos. Por ejemplo, el subdirector de planta física, para firmar una promesa de compraventa, tenía que verificar lo que le estaban entregando sus funcionarios. Luego, el subsecretario de Educación, también tenía que dar su visto bueno y yo firmaba sobre la base de que todo ese proceso previo se había cumplido legalmente. No tenía ninguna razón para dudar que ese lote tenía un avalúo falso. Además no soy experto en lotes o tierras. Nosotros compramos más de 250 lotes para colegios nuevos y otros para ampliar. Yo inicié la construcción de 42 nuevos planteles, de los cuales están funcionando plenamente 39.
Pero no es buen antecedente para usted el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó…
Creo que fue una sanción completamente injusta y arbitraria y en el Consejo de Estado se va a esclarecer a mi favor. Y lo digo porque la Procuraduría no tuvo en cuenta las pruebas que presentamos. Ni siquiera verificó la existencia del colegio. Pero el que inició toda esta investigación fue el contralor que hoy está preso, Miguel Ángel Moralesrussi. Él fue el que hizo todo este montaje.
¿Usted cree que esto tuvo un origen político?
La Oficina Anticorrupción de la Presidencia recibió unas quejas de una veeduría ciudadana sobre el lote y se dirigió a la Secretaría para indagar. Yo ya no era secretario. Pero en ese momento, la Secretaría descubre que hay un documento falso y le pide determinar a la empresa avaluadora qué fue lo que pasó. De inmediato, la entidad llevó el caso a la Fiscalía , que empezó a investigar. Pero se metió el Concejo de Bogotá en el tema y eso se volvió un asunto de debate en la corporación. Los protagonistas políticos presionaron y jugaron su papel y apareció Moralesrussi.
¿Y qué interés tenía Moralesrussi?
Creo que un interés de aprovechar esta circunstancia y coger un chivo expiatorio frente al escándalo de corrupción que ya se comenzaba a percibir en Bogotá en la era de Samuel Moreno.
¿Qué se siente después de 46 años dedicado a la educación estar hoy sometido a un proceso penal?
Cualquier funcionario público está expuesto siempre a ser investigado. La Personería, por ejemplo, me ha abierto más de 50 investigaciones y nunca ha encontrado nada irregular. No tuve una sola sanción durante seis años como secretario de Educación en Bogotá, manejando unos presupuestos de contratación altísimos. Además de los construidos, mejoramos más de 200 colegios.
¿Cuál es su mensaje al sector educativo al que usted perteneció y hoy lo ve sometido a un juicio?
Que hacer política pública educativa con una nueva perspectiva de mejorar la calidad de vida de los niños es una tarea muy complicada y riesgosa, pero hay que hacerla y asumir la responsabilidad. Pero los organismos de control deberían enterarse cómo se hacen esos procesos y no hacer investigaciones a las carreras.
¿Si sale bien librado, volvería al sector público o ya no le interesa?
No reniego de volver al sector público, pero ya cumplí 65 años y estoy en edad de retiro forzoso.
¿Cómo está viendo la administración de Gustavo Petro?
Tengo esperanzas en ese gobierno porque yo lo ayudé a elegir, pero también tengo preocupaciones porque por lo menos en educación el tema va muy lento. Petro es un hombre muy capaz, pero ha tenido dificultades para armar un equipo de trabajo.