En 2010 el Distrito identificó la necesidad de vigilar con cámaras de seguridad los colegios públicos y dotar a los organismos de seguridad con los mismos equipos. Para ello, el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) firmó con la empresa Verytel S.A. un contrato por un monto de $40.277 millones (a costos de hoy) y que, según informes de la Contraloría, tuvo sobrecostos por cerca de $5.000 millones. Ese contrato, que no ha sido cumplido y que podría significar la pérdida de dineros públicos, tiene en líos con la Fiscalía a Mauricio Solano, gerente del FVS durante la alcaldía de Samuel Moreno, y hoy, tras las revelaciones de uno de los supervisores de ese mismo contrato, a la actual administración, en cabeza de Natalia de la Vega, por presuntos actos de negligencia.
Pedro Vega fue el supervisor del contrato entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre de 2012. Según conoció este diario, durante ese tiempo sus funciones se limitaron exclusivamente al proyecto de videovigilancia del Distrito, que contemplaba la instalación de cámaras de seguridad en 192 colegios, 57 patrullas y motos de Policía, las 11 fronteras de la ciudad y 36 domos de seguridad. Cuando asumió la supervisión, el vínculo con Verytel S.A. ya cumplía año y medio del plazo contractual y le quedaban sólo seis meses. “Era toda una caja negra que nadie entendía y a la que nadie quería meterle mano porque ya era blanco de las investigaciones de la Contraloría, la Personería y el Concejo”, afirma Vega, quien hoy señala a De La Vega de haber cometido actos de negligencia.
Vega fue recusado por Verytel ante la Procuraduría en octubre por una presunta “pérdida de objetividad”, justo cuando se acababa el plazo de ejecución que se había pactado. “A última hora, cuando ya el contratista percibió que no tenía suficientes argumentos para justificar sus incumplimientos, utilizó ese recurso. Además era inoficioso, porque yo no tomaba decisiones en relación a las sanciones o a una eventual declaratoria de caducidad del contrato de Verytel. Se trataba más bien de un sofisma de distracción o un mecanismo dilatorio, porque yo no era funcionario público, era asesor técnico. Además no existía ninguna posibilidad de conflicto de intereses”, asegura Vega.
Según le afirmaron fuentes de la subgerencia técnica del FVS a este diario durante el pasado mes de junio, la entidad estuvo de acuerdo en su momento con la recusación que el contratista interpuso en contra del supervisor, así esa situación hiciera que se suspendieran las actuaciones administrativas que se adelantaban en contra de la firma Verytel. Pero la versión de Vega es contraria: “Primero me dijeron en el FVS que hiciera caso omiso de esa estrategia del contratista, y luego, en un comité de gerencia, la propia gerenta manifestó que en su opinión esa recusación no procedía y le restó toda importancia. En todo caso, nunca me llamaron a responder personalmente por esa situación, y hasta la fecha se quedó en un congelador, como quería el contratista, supuestamente para frenar mi participación en el debido proceso”.
Por otro lado, Vega dice que, pese al malestar que le produjo el haber sido objeto de recusación, cumplió con el objeto de su contrato a cabalidad, pero lo asombró que, después de las advertencias que le había hecho a Natalia de la Vega, no se hubiera decretado el fin del contrato.
“En la gerencia de César Manrique se pudo llevar prácticamente hasta el final el proceso por incumplimiento del contratista. Cuando llegó De la Vega, yo esperaba un fallo inminente que admitiera el incumplimiento, fuertes multas para el contratista y casi con seguridad la declaratoria de caducidad. Se dilató el fallo hasta que se dejaron vencer los términos. Incluso me enteré de que cuando se dieron cuenta de que faltaba un día para vencerse el contrato, los abogados consideraron que no había tiempo para el derecho de réplica del contratista. Se incurrió así en un acto de negligencia administrativa, no subsanable, por no sancionar al contratista cuando se debía”, dice Vega.
Sin embargo, en una respuesta oficial a los cuestionamientos planteados por Vega, el FVS dice que “sí se determinó a iniciar el proceso administrativo de sanción, basado en los actos que el señor Vega dio a conocer. Se citó al contratista para saber las razones de su actuar, y estudiar los argumentos por él expuestos. No obstante, en el discurrir de ese tiempo, la firma Verytel interpuso una recusación en contra del señor Pedro Vega en su calidad de interventor del proceso, situación que hizo suspender la actuación administrativa que se adelantaba en contra de la firma Verytel, tal y como lo indican el artículo 30 del decreto 1º de 1984 y el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011”.
Palabras más, palabras menos: sí se quiso declarar la caducidad del contrato, pero la recusación fue la que dilató el trámite. Hoy el contrato es objeto de conciliación en el Tribunal Superior de Cundinamarca pues, además de recusar al supervisor, Verytel le pidió a la Procuraduría que revisara el contrato, maniatando así al Distrito para decretar la caducidad. También hace parte del expediente del carrusel de la contratación en Fiscalía, por presuntas irregularidades en las que estarían inmersos exconcejales y actuales cabildantes del Partido de la U, así como mandos medios del FVS y el exgerente Mauricio Solano, quien está a la espera de una imputación de cargos y la solicitud de medida preventiva de aseguramiento.