La ex directora jurídica de la Unidad Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Catalina Franco, le salió al paso al escándalo por las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en el proceso de licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana, al segurar que nunca ha hecho nada ilegal, que “todo fue malinterpretado” y que demandará el acto de insubsistencia por el cual fue destituida de su cargo a pesar de que “ya el daño está hecho”.
Franco, quien no había dado declaraciones públicas desde que estalló la polémica el pasado viernes, se refirió a la comentada reunión informal que sostuvo en un restaurante de la capital con su esposo, el ex consejero de Estado Alier Eduardo Hernández, y el abogado Édgar González, para hablar del tema de la adjudicación del contrato de dicho relleno —hecho que generó una tormenta política en la ciudad y, a la postre, su destitución— y dijo que en la tertulia no se conversó “de nada que fuera reservado”.
En extenso diálogo con la emisora la W, Catalina Franco explicó que “es bien conocido” que la empresa Proactiva, operadora del relleno desde hace ocho años, terminará su contrato el próximo 8 de octubre, por lo que “no es cierto” que ella haya intentado sacar a esa compañía del negocio. Asimismo, dejó entrever que el alcalde Samuel Moreno habría sido presionado para pedir su declaratoria de insubsistencia a la directora general de la Uaesp, Victoria Eugenia Virviescas, quien presentó renuncia a su cargo el pasado viernes a raíz del mismo tema.
“Lo único que hice en el restaurante fue hacerle al doctor González una consulta jurídica acerca de la licitación del relleno, ya que él es asesor del proceso… hablamos de las opciones que nos quedan ante el retraso de la adjudicación”.
Con respecto a los gráficos del supuesto proyecto de Franco, dejados por los contertulios en la mesa del restaurante y publicados por El Espectador, la ex directora jurídica dijo que se trata “del mapa de una consulta jurídica y no de un negocio… todo lo que se escribió es legal”.