En entrevista con CNN, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se refirió a los acontecimientos sucedidos con motivo de la orden de destitución proferida por la Procuraduría.
“Son momentos difíciles, intensos, que impactan en la familia, la vida personal, y sobre millones de personas, es Bogotá la que está en vilo. La ciudad vivió una enorme ‘ola de corrupción’ que se conoce aquí con el nombre de ‘el cartel de la contratación’, en donde se tomaron prácticamente el Estado a nivel distrital”, dijo Petro.
Recordó que Bogotá tiene un presupuesto más grande que la mayoría de los países centroamericanos. “La capital fue carcomida por la corrupción, ese fenómeno se llevó los recursos públicos y generó una crisis profunda en materia institucional, política, social y de confianza hacia los años de 2010 y 2011”.
Petro indicó que en estos dos años y con dificultades ha podido reconstruir la confianza y poner a la ciudad en un nuevo tiempo, para construir lo que denomina ‘el nuevo paradigma urbano’.
“Es lo mismo que se hace en ciudades como Nueva York, Londres y París, adaptar las ciudades al cambio climático, superar la segregación social, e invertir muchos recursos en educación pública. Este tipo de medidas que provienen de un alcalde de origen insurgente no son cómodas para una serie de fuerzas políticas retrogradas, que ahora apuntan contra el proceso de paz, contra la posibilidad de que haya un acuerdo con las Farc para que se acabe la guerra en Colombia, por ello vieron en la destitución arbitraria del alcalde una magnífica oportunidad para sabotear los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba”.
Petro destacó la información publicada en las últimas horas en donde uno de los integrantes del ‘Cartel de la contratación’, Emilio Tapias, antiguo empresario, confesó que participó en la elaboración del complot que llevó a que la ciudad tuviera tres días de crisis alrededor de dejar basuras y escombros en las calles.
“Los mismos operadores privados que habían hecho de la recolección de las basuras un enorme negocio durante más de una década, previendo que el alcalde iba a desprivatizar una parte del servicio y por orden de la Corte Constitucional remunerar a los humildes recicladores que recogen los residuos de las calles de la ciudad, empezaron a dejar escombros con la intención de que el caos que por el hecho se iba a ocasionar, determinaría un proceso en la Procuraduría que llevaría a tumbar al alcalde y por tanto a mantener el negocio en estas manos oscuros. Además preveían una candidatura del expresidente Uribe aprovechando y conversando con el Procurador sobre la base de la destitución para ganar la alcaldía”, dijo Petro.
El mandatario mostró su preocupación sobre lo que llamó ‘abierta ruptura’ de la constitución y de la ley. Aquí lo que sucedió fue un ‘golpe de estado’ contra un gobierno relativamente autónomo, el de Bogotá, que se expresa porque la Constitución Política de Colombia en el artículo 323 dice explícitamente que al Alcalde Mayor solo lo puede destituir el Presidente de la República y por causas taxativas descritas en la ley. Cuando usted analiza lo anterior con la rueda de prensa del Procurador se da cuenta que éste le quita la competencia al Presidente de la República, cuando abierta y públicamente dice: destituyo al alcalde y además le quito sus derechos políticos durante 15 años porque le entregó el aseo de la ciudad parcialmente a una empresa pública, como si fuese un delito o una irregularidad, que una política pública desprivatice un servicio público”.
Petro recalcó que el artículo 323 se refiere a un régimen especial para la ciudad capital y en esa medida no es igual que las demás alcaldías y entidades territoriales.
“En la historia desde la Constitución del 91 hasta la fecha no se había estrenado. En el caso de mi antecesor Samuel Moreno, él es destituido de la alcaldía por razones judiciales, al haber sido responsable del cartel de la corrupción que yo mismo denuncié. Pero una autoridad administrativa no puede destituir un funcionario que ha sido electo dice el Pacto de Costa Rica, solo por orden judicial. Aquí tenemos un Procurador, que no es una instancia judicial, que está destituyendo al alcalde, en contravía de la Carta de la OEA y en contravía de nuestra propia Constitución del 91 que asigna esa facultad solo al jefe de Estado”.