Esta semana debería cumplirse la evacuación de las 13 familias que se tomaron hace 29 meses un viejo edificio del ICBF, en el barrio Santa Fe. Los tres primeros intentos fracasaron. Drama nacional.
La alerta les llegó el jueves pasado a los habitantes del edificio ‘La Nueva Era Social’, nombre eufemístico con el que se conoce de manera formal a lo que en realidad es un refugio de desplazados en el barrio Santa Fe, en pleno centro de la capital. Era una advertencia de desalojo emitida por la Policía de Los Mártires.
Tensas, las 13 familias que se tomaron el lugar el 24 de agosto de 2008 observaron a los agentes de la Policía reunirse al otro lado de la calle, a la espera de los delegados de la Personería y la Defensoría, sin cuya presencia era imposible cumplir con la diligencia. Por fortuna para ellas los citados funcionarios no aparecieron. “Triunfamos por hoy”, dijeron los habitantes, cuyas noches pasan en vela ante la constante alerta de evacuación.
Entre ellas estaba Milton Rosales, vocero de los habitantes del edificio y miembro de la Mesa Nacional de Organización de Población Desplazada. Comandante del Ejército Popular de Liberación (Epl) desde 1988 hasta 1991, año en que se acogió a los acuerdos de paz del gobierno de César Gaviria y regresó a la vida civil junto con 2.700 reinsertados.
Tras su desmovilización no quiso regresar a Tierralta, Córdoba, su pueblo natal, pues sabía que con la desaparición del Epl los paramilitares asumirían el mando en ese territorio, así que se fue a vivir a Montería. Dice que allí fue amenazado por un grupo que se hacía llamar Unase (Unidad Antiextorsión y Secuestro de Policía y Ejército Nacional). Así empezó su desplazamiento.
Huyó del pueblo y se escondió en varias ciudades durante dos años. En 1995 volvió a Tierralta, pero los paramilitares lo contactaron para reclutarlo. Se negó. Y por negarse lo amenazaron de muerte y tuvo que huir con su esposa a Montería, donde permanecieron escondidos tres meses, hasta que contactaron a un ex Epl que les ofreció posada en Bogotá. Su esposa, agobiada por las persecuciones, decidió quedarse en Montería con su único hijo. Nunca más volvieron a verse. A mediados de 1995 Milton se encontró en la urbe “perdido como un perro en corraleja”.
En Bogotá se casó con la hermana de su ex compañero de guerrilla, con quien tiene tres hijos. Declaró su situación ante Acción Social y el 25 de marzo de 2008 entró a las listas oficiales de población desplazada en la capital. Fue entonces cuando se reunió con 12 familias de Córdoba, Urabá, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, y para solucionar sus problemas de vivienda decidieron tomarse el abandonado edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del que no los han podido sacar.
La noche del 24 de agosto de 2008 se reunieron frente al inmueble. Una comisión especial entró por la ventana y abrió la puerta principal. Lo único que había adentro era un olor pestilente, basura, palomas, ratas e indigentes. Tuberías, marcos, ventanas y sanitarios habían sido robados. Los desplazados entraron y, a su vez, sacaron a los habitantes de la calle que ahí se refugiaban, limpiaron, arrancaron la maleza que crecía en las paredes, contrabandearon la luz y el agua, y se dividieron los espacios de sus nuevas viviendas.
Así comenzaron 29 meses de zozobra, porque más se demoraron ellos en invadir, que el ICBF en instaurar una querella de lanzamiento por ocupación ilegal del inmueble. Tres veces han tratado de desalojarlos. Según Milton, ya tienen trauma psicológico “y cada día nos preguntamos: ¿será que nos sacan hoy o mañana?”.
El primero de los tres intentos de desalojo fue el 28 de septiembre de 2008 y venía acompañado de una oferta de dos meses de albergue en Ciudad Bolívar. El lanzamiento se frustró gracias al apoyo social de Claudia Marcela Contreras, directora regional en Bogotá del ICBF, la misma institución a la que le invadieron el predio.
El segundo intento fue el 31 de agosto de 2009. Les ofrecieron una ayuda humanitaria, dependiendo del número de integrantes de cada familia. La Personería de Los Mártires consideró insuficiente esa asistencia y el operativo volvió a frustrarse porque vulneraba los derechos de los desplazados.
El 20 de septiembre de 2010, abogados e inspectores del ICBF llegaron al edificio para realizar una revisión ocular y como concluyeron que los habitantes vivían en condiciones mínimas de higiene y seguridad, se configuró el tercer intento de desalojo, que debería ser inmediato, a cambio de $500 mil para cada familia. Por fortuna, para los desplazados, no hubo suficientes funcionarios del Ministerio Público y la evacuación fue de nuevo postergada.
Entre amenaza y amenaza las familias del viejo edificio aprendieron a vivir del rebusque, vendiendo chicles, minutos de celular, libros usados y atendiendo panaderías del barrio Santa Fe. Empíricamente y por necesidad, Milton aprendió a dominar las leyes y se convirtió en el vocero oficial de la comunidad. Hoy habla con propiedad al quejarse porque “Acción Social no cumple con las ayudas humanitarias que deben ser entregadas a los desplazados cada tres meses, de acuerdo con la Sentencia T-025 de 2004”. Y hasta dice que el sistema de codificación para las ayudas de la entidad es insuficiente: “Tengo el número 100.005 y apenas van en el 1.416, la misma funcionaria de Acción Social me dijo que la acción humanitaria me llegaría en dos años”. Ningún habitante del edificio ha recibido dicha asistencia. Eso sí, otras agencias estatales, como la Secretaría Distrital de Educación, les ayudaron a ingresar sus hijos de manera gratuita a las escuelas públicas.
La Defensoría también los ha acompañado desde el primer día. Les colabora con mediación para asistencia médica, alimentación y búsqueda de acuerdos institucionales. Pero no es fácil resolver su tragedia. Según la Personería, en 2008, el año en que Milton llegó a Bogotá, la ciudad recibió a 6.119 desplazados. Al año siguiente la cifra ascendió a 13.225. Y eso sin contar con los desterrados que prefieren no acercarse a entidades oficiales por temor a ser ubicados por aquellos que los obligaron a dejar sus tierras.
En los 29 meses han llegado nuevos inquilinos, parientes de las 13 familias que ocuparon inicialmente el edificio. Hay 28 niños, de los cuales tres son lactantes y uno tiene síndrome de Down, y dos adultos mayores.
Yali, madre de la familia más numerosa del edificio, vive con ocho de sus diez hijos en el último piso del edificio y espera dar a luz muy pronto a otras dos gemelas. En el apartamento de enfrente vive Milton, con la Constitución debajo del brazo, esperando el momento de frustrar el próximo desalojo.
Solo la mitad de los desplazados reciben ayuda
La Personería de Bogotá ha recibido 13.225 declaraciones de personas que manifiestan hallarse en condición de desplazamiento forzado en la capital. De esta cifra, 65 casos corresponden a personas indígenas, 35 afrodescendientes y 44 por desplazamiento intraurbano.
El 42% del total de los declarantes han sido incluidos en el Registro Único de Población Desplazada (RUDP) de Acción Social.
La mayoría de desplazados que han llegado a la ciudad se ubican en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Usme y Suba.
Entre las principales causas de desplazamiento de esta población están la guerrilla (7.639 casos), los grupos paramilitares (84.215), el Ejército (9) y la Policía (3).
Según cifras de Integración Social, a la capital están llegando diariamente 54 familias desplazadas.