El grave desfinanciamiento del sector salud provocado por el actual gobierno ha causado una verdadera catástrofe humanitaria en la cual cientos de pacientes han fallecido esperando ser atendidos o recibir medicamentos esenciales para poder seguir viviendo. Esto amerita acciones inmediatas y contundentes que esta administración no va a adelantar por su obsesión ideológica en contra del sector privado, en particular contra las EPS a las que insiste en llevar a la quiebra sin importarles si con ello mueren personas que nada tienen que ver con esta absurda disputa.
La emergencia social en salud es una medida ya conocida en el país que decretó Uribe en su primer gobierno, pero la Corte declaró improcedente. Luego lo hizo el alcalde Enrique Peñalosa en 2016, que anuncia volverá a aplicarla de ser elegido presidente, permitiendo recuperar el sistema de salud de los bogotanos después de la desastrosa administración del alcalde Petro, quien como sucede en la actualidad lo llevó a una situación financiera calamitosa que trajo como consecuencias un deterioro de la calidad y el acceso a los servicios.
Como lo afirmó la Corte Constitucional en el caso del gobierno Uribe, la crisis del sector salud no era un hecho sobreviniente. Pero la agudización del desfinanciamiento que padece el sector desde 2022, si lo es. Este hecho coloca en grave riesgo la continuidad en la prestación de servicios como lo evidencian múltiples casos de cierre de servicios, escasez de medicamentos y crecimiento de deudas con prestadores a niveles nunca antes vistos.
El sector salud en Colombia es un paciente con una enfermedad crónica llamada desfinanciamiento, como ocurre en casi todo el mundo porque los recursos nunca serán suficientes para financiar las expectativas crecientes de la sociedad en esta materia. No obstante, en 2022 el paciente se encontraba controlado de su enfermedad, hasta que llegó una administración que decide no inyectarle los recursos como se venía haciendo, descontrolando su financiación y colocando en riesgo su integridad y aun su existencia lo que requiere de medidas urgentes y excepcionales para volverlo a estabilizar.
Es necesario un fondo de emergencia para paliar la falta de dinero en ciertos prestadores por el no pago de sus servicios, financiado en parte con las actualizaciones dejadas de hacer por este gobierno; suspender de manera inmediata las nefastas intervenciones de EPS que han sido utilizadas como instrumentos clientelistas que han profundizado la quiebra de estas entidades; y ordenar el estudio y reajuste inmediato de la UPC a partir de 2026.
Simultáneamente, se debería convocar un gran diálogo nacional buscando el mayor consenso posible en las soluciones de mediano y largo plazo que requiere el sector. Estas deberían partir de corregir los problemas de acceso y calidad en los servicios que padecen los pacientes, en especial aquellos por fuera de las grandes ciudades y no de resolverle la situación a aseguradores y prestadores como ha sido la constante. Todos deben reconocer que son parte del problema y también de la solución, que nadie logrará salvarse solo.