La medida de Pico y Placa procura mejorar la movilidad de todos, reduciendo la congestión. Adicionalmente, contiene un válido componente ambiental orientado a disminuir las emisiones de CO₂. Es por esto que los vehículos eléctricos e híbridos se hallan excluidos de esta medida restrictiva. También se orienta a fomentar el uso del sistema de transporte público masivo de pasajeros, desestimulando el uso del vehículo particular o, en el mejor de los casos, haciendo más eficiente su utilización.
La medida es adecuada y como tal no merece reproche. Este nace a partir de la manera desafortunada, absurda y agresiva en que las diferentes administraciones distritales, como la actual, terminan, equivocadamente, volviéndose enemigas de los ciudadanos que tienen vehículos particulares, quienes en su gran mayoría los requieren para movilizarse porque no hay más opción.
Basta recordar el justo reclamo que hiciera meses atrás el empresario Mario Hernández por el mal estado de las vías en la ciudad, para advertir la descomedida y torpe respuesta que recibiera de la alcaldesa Claudia López; quién, en breve, debió retractarse, como en muchos otros temas relacionados con este y otros asuntos, pero que denota su arbitraria animadversión al uso del vehículo particular y a sus propietarios.
Los ajustes a la medida de Pico y Placa que adopta la señora alcaldesa iniciando el 2023, del que ya se advierte un cambio en el periodo establecido para una nueva rotación, han sido justificadamente mal recibidos por la ciudadanía que necesita de sus vehículos para movilizarse día a día.
Sin desconocer que la medida ha sido ampliamente positiva, también ha generado efectos altamente negativos, gracias a la miopía de la administración y a los torpes ajustes que han hecho de aquella. Mientras la oferta de servicio de transporte público masivo (TransMilenio – Metro – Regiotram) avanza a paso de tortuga, las restricciones a la circulación de los vehículos particulares avanzan velozmente como liebres.
El uso del vehículo particular en Bogotá y en los municipios circunvecinos -que seguramente harán parte de la Región Metropolitana-, lejos está de ser un lujo, es una necesidad. Es cierto que muchos ciudadanos para sortear la medida acudieron al segundo vehículo, pero no es menos cierto que la alternativa de movilidad que la administración ofrece, es ninguna.
Cambiar las reglas para atacar a los ciudadanos que se organizaron con un segundo vehículo, sin que las nuevas troncales de TransMilenio, el Metro y Regiotram se hallen en operación, es un despropósito que ha llevado a que finalmente los propietarios de vehículos particulares hayan decidido organizarse y adelantar justas protestas. El ajuste a la medida de Pico y Placa que ha dispuesto la actual administración es una torpeza mayúscula que raya con la violación de derechos superiores de la ciudadanía.
Entre tanto, como se ha señalado en este espacio de opinión, la crisis con los actuales concesionarios de TransMilenio se sigue acentuando sin que la administración la resuelva, la inseguridad y baja calidad del servicio aumenta, los taxistas hacen lo que quieren, etc., etc.; pero la administración, se concentra en que los responsables del caos en la movilidad que la alcaldesa no ha podido solucionar es de los ciudadanos que pagan impuestos y requieren de sus vehículos para ir a sus trabajos, a estudiar, etc.
Los ajustes son tan absurdos y contradictorios, como lo denota la eliminación del “vehículo compartido”. ¡El mundo al revés!
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