Para los comerciantes masivos es de vital importancia mantener el ritmo de crecimiento que se venía logrando en la última década, debido a que se pasó de la informalidad (otra parte de la ilegalidad) a hacer parte de todo el andamiaje legal del país, con obligaciones del sistema impositivo, propio del Distrito y de la Nación.
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Hoy por hoy vemos que, tanto la Reforma Tributaria como una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las administraciones locales, han empujado al pequeño comerciante y a las fami-empresas a retroceder y a truncar ese proceso evolutivo. Por lo tanto, ese empresario está dejando de pagar impuestos, de contratar formalmente a sus empleados, de pagar arriendos y de dar buenas comisiones. Prefieren que los vean como los pobrecitos.
Realmente la preocupación es alta, pues el apoyo a esas fami-empresas es casi nulo, pues desde el gobierno de Iván Duque y lo que va del gobierno de Gustavo Petro, esos apoyos y subsidios se han direccionado a unas comunidades específicas, pero no a una comunidad en general.
Hay que mirar cuántas de estas personas y pequeños comerciantes, que se formalizaron y se matricularon en Cámara de Comercio, pagaron ICA, IVA y demás impuestos, hoy no tienen cómo cumplir con todas las obligaciones, debido a la enorme reducción de esos ingresos. Hay que pararle bolas a la disminución del comercio masivo y su generación de empleo, que es un gran aporte en la economía de el país en momentos tan álgidos como los que estamos viviendo de recesión.
Así mismo, no se puede perder la convicción de la importancia de la legalidad, pero todas las acciones que se vienen presentando, como el aumento de la invasión del espacio público, perjudica especialmente al que viene trabajando duro y con disciplina, para crear empresa y empleo.
Es para estas personas, que se ven afectadas por la informalidad del vendedor ambulante, para las que pedimos garantías, subsidios y apoyos, ya que, contrario a esto, lo que están recibiendo es el acoso del gobierno, con las visitas constantes de las autoridades sanitarias, de Gobierno, de Sayco y Acinpro, para que cumplan y cumplan, mientras en las calles otros venden con absoluta libertad, a diestra y siniestra, sin ninguna normatividad.
Todo esto solo conlleva a una cosa: a que, quienes dieron el paso a la legalidad estén pensando en devolverse a la informalidad, al contrabando, a no tener empleados con prestaciones, donde parece más fácil hacerle el quite a la norma y llenarse los bolsillos, que construir país o aportar a la sociedad, generando empleo y bienestar para quienes los rodean.
El sector de San Victorino, por ejemplo, provee más de 300 mil empleos directos e indirectos, a lo que se suma incalculables aportes a la economía del país. Esto demuestra que somos un gremio de vital importancia para Colombia y generadores de bienestar, que aún no hemos sido apoyados como lo merecemos. Es hora de que vean en nuestro sector una mano amiga, que podría salvar gran parte de la economía del país, porque somos colombianos trabajando para colombianos.
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