Comienza un nuevo capítulo del novelón de las obras de fase III de Transmilenio que podría llamarse el tubo tuvo la culpa. La desviación de una red matriz del Acueducto a la altura del Concejo de Bogotá se ha convertido en la piedra en el zapato, no sólo para el IDU sino también para el dueño de cinco predios ubicados en la calle 26 con carrera 29.
Hace cuatro años la Administración Distrital le informó a Gonzalo Gómez Marín, propietario de Uniapel, que su predio en donde estudian más de 1.300 alumnos estaba dentro de los planes de renovación urbana del Distrito. Se trataba de la construcción de una gran plazoleta que hace parte del denominado Plan Parcial Plaza de la Democracia.
Para ese entonces, le solicitaron desarrollar una serie de estudios que sustentaran una propuesta en donde se incluyeran las modificaciones a las que se sometería su inmueble, compuesto por cinco predios con una dimensión de 7.500 metros cuadrados.
Luego de dos años de realizar diseños, el Distrito le informó que su predio no estaba sujeto sólo al Plan Parcial sino también a la fase III de Transmilenio. Por lo tanto, los estudios que hizo por más de 20 meses tuvieron que ser modificados por una reserva vial, un retorno de movilidad y una red matriz que deben ir por donde está ubicado Uniapel.
En agosto de 2009 el IDU le informó al propietario de Uniapel que su predio era requerido para las obras de la fase III, específicamente para la desviación de la red matriz del Acueducto denominada el Silencio – Casablanca que le suministra agua a un millón de personas que viven en el municipio de Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar.
El 18 de agosto Martha Mercedes Castrillón, subdirectora de Predios del IDU, y su asesor Julio Rodríguez le propusieron al propietario de Uniapel entregar el predio a más tardar el 1 de noviembre de 2009 sin una oferta de compra.
Ese mismo día firmaron un acta en donde el IDU se comprometía a hacer una oferta en enero de 2010. En el documento firmado se solicitaba: "Que el propietario haga entrega anticipada del predio. El IDU se encarga de la demolición y se compromete hacer las ofertas en enero de 2010 una vez Transmilenio S.A. abra la vigencia presupuestal".
Tras la firma del acta, el señor Gonzalo Gómez dueño de Uniapel procedió a reubicar a los 1.300 alumnos y a los 270 funcionarios de la institución estudiantil para hacer la entrega del predio como se había acordado con el IDU.
"Desde ese momento nunca más volvieron a aparecer los funcionarios del IDU. No nos han pedido el predio, ni tampoco nos han hecho una oferta de compra. Lo extraño es que pasamos de ser héroes a villanos, pues la señora Castrillón siempre nos dijo que ojalá todos los dueños de predios accedieran tan fácilmente a entregar un inmueble sin comprarlo. Después, y a través de los medios de comunicación, me enteré que yo soy el malo del paseo porque supuestamente por mi culpa los diseños de desviación han tenido que modificarse varias veces por inconvenientes en la adquisición del predio", explicó Gómez Marín.
Durante todo este tiempo el señor Gonzalo Gómez ha gastado más de $6.000 mil millones haciendo estudios y más de $4.000 mil millones en la reubicación de sus estudiantes. Sin contar las pérdidas que le ha generado el tener su inmueble desocupado.
Según Carmen Elena Lopera, directora Técnica de Construcciones del IDU, el Instituto no le pide a una persona que desaloje sin pagarle su predio. "El IDU tiene una metodología para la adquisición de predios, no es normal que esto suceda".
Sin embargo, el acta de compromiso entregada por el señor Gómez Marín a Elespectador.com, firmada por los funcionarios del IDU y por él mismo, dice todo lo contrario.
Durante dos semanas Elespectador.com buscó insistentemente a Martha Castrillón para conocer su versión pero no fue posible.
IDU pretende partir en dos sede de Uniapel
El terreno en donde está ubicado Uniapel, de 7.500 metros cuadrados, está compuesto por cinco predios. Es decir, que cada uno debe tener su propio avalúo independientemente que sean del mismo dueño.
Según lo manifestado por el IDU se requieren sólo 600 metros del predio, exactamente la parte que da hacia el costado de la calle 26, pues esa área es la que el Instituto cataloga como reserva vial.
De acuerdo con las cifras que maneja el propietario del inmueble, cada metro cuadrado cuesta un millón de pesos, lo que quiere decir que por la parte requerida tendrían que pagarle 600 millones de pesos sin contar los costos de la construcción.
Desviación de la red matriz
Desde 2006, año en que comenzó a trabajar el IDU en los estudios y diseños del desvío de la red matriz, se han modificado las alternativas presentadas al Acueducto seis veces.
En principio se pensó en realizar la desviación de las tuberías atravesando el predio Apel, ubicado en el costado derecho en sentido oriente – occidente. Después se propuso que era mejor desviarla por detrás del mismo inmueble; propuesta que no fue aprobada por el Acueducto porque resultaba muy larga y la presión del líquido se perdía considerablemente.
"Atravesar la red por el predio Apel era la más fácil porque el trazado era diagonal y no se perdía la presión requerida; pero la adquisición de ese inmueble fue uno de los inconvenientes", dijo Carmen Elena Lopera, directora Técnica de Construcciones.
Tras cuatro años de estudios y diseños, en los que el cruce de cartas y reuniones entre el IDU y la Empresa de Acueducto de Bogotá no fueron pocos, finalmente se encontró la solución para el necesario desvío que satisfizo a la Administración Distrital y al Acueducto.
Se trata de la construcción de un túnel de 400 metros de largo y 15 metros de profundidad en donde se realizará el correspondiente by-pass (desviación) de las tuberías. La obra tiene lugar exactamente en donde se hizo la demolición del puente vehicular del Concejo de Bogotá.