Hace tres meses que Cristopher Carrillo se despierta todos los días con la angustia de perder su nuevo riñón. A sus 23 años ya tuvo un trasplante y, sin embargo, su EPS lleva cinco meses sin darle la droga necesaria para que su cuerpo asimile el nuevo órgano. A Pablo Rico, de 46 años, le pasa algo similar: no recibe medicina desde comienzos de año.
La suerte de Cristopher y Pablo y unos 60 enfermos con trasplantes de riñón e hígado, depende hoy de las donaciones que realicen diferentes laboratorios a la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACHER), dirigida por la hermana María Inés Delgado. “En Honda una niña falleció, perdió el órgano. Juan Guillermo Orozco, una persona que ayudábamos acá en la Asociación, perdió el riñón porque no tenía medicamentos”, comenta la directora.
La vida de estas personas comenzó a deteriorarse desde el año pasado, cuando se agudizó la crisis financiera de las EPS en el país, y muchas de ellas fueron incapaces de seguir proveyendo las medicinas necesarias para los enfermos hepáticos y renales.
Muchos de estos pacientes encontraban refugio en el Fondo Financiero de la Secretaría de Salud de Bogotá, que desde 2011 le financiaba los medicamentos a quienes hubieran sido objeto de trasplante renal.
Sin embargo, algo más ha empezado a alimentar la angustia de Cristopher, Pablo y el resto de pacientes que acuden a la hermana Maria Inés por amparo. Desde mayo, el Gobierno Nacional, buscando mitigar el colapso del sistema de salud, ordenó que a partir del 1 de julio todos los pacientes de las EPS del régimen contributivo y del subsidiado tuvieran acceso al mismo plan de beneficios.
Como parte de estas medidas, a la fecha ya han sido cobijadas las personas menores de 18 años y las mayores de 60. Sin embargo, como denuncia la hermana María Inés, estas personas han tenido problemas para obtener sus drogas, lo que ha despertado aún más el temor entre sus protegidos, que no saben cómo harán para vivir sin las drogas una vez llegue el 1 de julio y queden sin la protección de la Secretaría Distrital de Salud.
A la ACHER llegan pacientes que, además de estar enfermos, buscan recursos para poder comprar los fármacos. Los $2’500.000 que cuesta cada frasco de medicamentos deben ser conseguidos por la Asociación.
Lo que se les viene a estos pacientes ya está ocurriendo y es explicado por Octavio López, médico de aseguramiento de áreas electivas en la Secretaría de Salud. López asegura que, a raíz de la confusión con la nueva norma, las EPS están confundiendo a los menores de edad y a los ancianos que ya están cobijados por el nuevo esquema. “El problema es que ahora le dicen a los pacientes ‘vaya a la Secretaría,’ ‘vaya a x o y Eps’, y los pelotean de un lado para otro”.
Un menor de edad, narra su drama: “En Humana Vivir me dieron medicamentos sólo para un mes y ahora me toca ir todos los días a donde la hermana Delgado a ver si tiene algo”, dice .
Consultado por El Espectador, Carlos Díaz, gerente de Humana Vivir, asegura que la EPS ha adelantado acciones para solucionar este tipo de problemas. “Tras la intervención de la EPS se presentaron algunas dificultades para el suministro de los medicamentos; sin embargo, en el momento se ha regularizado esta entrega”.
Otro problema que denuncia la Asociación es que las EPS han cambiado la marca de los medicamentos que los pacientes venían recibiendo por parte de la Secretaría de Salud. “Luisa Fernanda Rubiano, quien tiene trasplante de hígado, le dieron ‘microser’ en SaludCoop, y ese es un medicamento para trasplante de riñón, no de hígado”, comenta la hermana Delgado.
Para Juan Carlos Corrales, superintendente delegado de protección al usuario en la Superintendencia de Salud, las EPS son las responsables de la crisis por la que pasan los pacientes hepáticos y renales. “A muchos de los pacientes trasplantados se les altera el tratamiento 3 o 5 días, porque es el tiempo para renovar el contrato. En esos días ellos se quedan sin medicamentos y las EPS no hacen nada”.
En teoría, las EPS que no atiendan a estos pacientes deben ser sancionadas con 500 a 800 salarios mínimos vigentes por parte de la Superintendencia de Salud.
Pese a que las EPS consultadas por este diario han dicho que el problema tiene que ver con las trabas en el proceso con cada paciente, lo cierto es que a Cristopher no le siguen sin suministrar las drogas como tampoco a Pablo.
A esta lista se suman los 60 pacientes que no han encontrado solución y que, como dice la directora Delgado, “dependen ahora de la misericordia de Dios”.