La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública para el próximo 14 de agosto a la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), Natalia de la Vega Sinisterra, y al subgerente Técnico de esa entidad, Luis Arturo Márquez Zamudio, por su presunta negligencia en la contratación oportuna del suministro de combustible a los vehículos y motos de la Policía Metropolitana.
De acuerdo con la indagación, en abril de 2013 se disminuyó drásticamente el suministro de gasolina y ACPM al parque automotor de la Policía dedicado al patrullaje de la ciudad, la vigilancia preventiva y la atención oportuna de los llamados de la ciudadanía, dejando a la Capital sin respuesta efectiva ante hechos delictivos.
La gerente del FVS también deberá explicar por qué adicionó un contrato de 2012 de suministro de gasolina para las motos y vehículos de la Policía por más del 50%, cuando eso está prohibido por el estatuto de la contratación pública.
Los dos cargos fueron considerados por la Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios como falta gravísima.
De acuerdo con la averiguación, no se realizaron de manera oportuna los trámites para una nueva contratación que permitiera el suministro del combustible de forma permanente y sin alteraciones, a pesar de que tenían se conocimiento de que el contrato existente estaba a punto de vencerse.
“La falta de planeación fue tal, que sólo hasta unos días antes de que se terminara el contrato, el Fondo inició los trámites para adquirir de nuevo el abastecimiento de gasolina y ACPM”, señaló el ente de control.
Según las pruebas recaudadas, el Comando de la Policía Metropolitana envió una serie de comunicaciones al FVS solicitando la contratación del suministro de combustible para el presente año para evitar algunos traumatismos como los que se presentaron en 2012.
No obstante, al parecer, no se realizó oportunamente las gestiones necesarias, a tal punto, que el 13 de abril tuvieron que pedirle a la Secretaría de Movilidad, en préstamo, 24.000 galones de gasolina y 5.400 de ACPM.
Finalmente se encontró que el FVS, en junio de 2012, había contratado por $7.685’419.573 el suministro del combustible. Dicho contrato fue adicionado en diciembre del mismo año y en marzo de 2013, ante la emergencia; las dos adiciones, sumadas, superan el 50% autorizado por las normas de contratación. Por esta situación, Natalia de la Vega deberá explicar su conducta ante la Personería Delegada.