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Personería ha emprendido 5.687 tutelas para proteger el derecho de petición de los ciudadanos

La Personería de Bogotá trasladó a las oficinas de control interno disciplinario 3.008 quejas para que se indaguen a servidores públicos del Distrito. Las entidades más cuestionadas son la Secretaría de Movilidad, las EPS, alcaldías locales, bancos, las ARL y empresas de servicios públicos.

04 de septiembre de 2019 - 01:18 p. m.
Cortesía: Personería Bogotá
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La Personería de Bogotá informó que, en 18 meses, elaboró 5.687 tutelas con el fin de proteger el derecho de petición de los capitalinos que ha sido vulnerado por entidades distritales y nacionales. Además, durante ese lapso, trasladó 3.008 quejas a las oficinas de control disciplinario de entidades del Distrito para que indaguen a los servidores presuntamente responsables de la violación a este derecho fundamental.

Así lo reveló la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, durante el segundo foro «El derecho de petición como derecho fundamental y su aplicación en el Distrito Capital», que tuvo lugar en la Universidad Católica.

Las quejas contra diferentes entidades y tutelas a favor de los bogotanos, redactadas entre enero de 2018 y junio de 2019, tuvieron a la Secretaría de Movilidad, las EPS, las ARL, los bancos, el Ministerio del Trabajo, las alcaldías locales, las empresas de servicios públicos y fondos de pensiones y cesantías, como las entidades más cuestionadas.

Tutelas

De las tutelas elaboradas por el ente de control distrital, 2.606 correspondieron a entidades oficiales, encabezadas por las secretarías distritales: 2.428 dirigidas contra Movilidad, 42 Educación, 41 Hacienda, 16 Planeación, 15 Hábitat, 37 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras.

Contra EPS resultaron 443, de las cuales 120 fueron para Medimás, 70 para la Nueva EPS, 55 Capital Salud, 50 Compensar, 49 Famisanar y 42 Cruz Blanca, entre otras. En cuanto a las ARL hubo 104, 26 para Positiva, 25 para Sura, 22 Equidad y algunas más. (Lea también: Personería advierte fallas y vacíos en el POT de Peñalosa)

Le siguen las entidades bancarias con 72, encabezadas por Colpatria con 27 tutelas, 15 Banco de Bogotá, 11 Bancolombia y otras. En servicios públicos hubo 63: Codensa con 21, Gas Natural con 16 y otras. Para los fondos de pensiones y cesantías fueron 49, de las cuales 39 fueron para Porvenir, entre otras.

Las alcaldías locales encontraron 129, de las cuales 47 correspondieron a Usaquén, 11 a Suba, 10 a La Candelaria, entre otras.

El Ministerio del Trabajo tuvo 66, la Unidad Administrativa de Catastro 36, la Policía Nacional 36, el Ministerio de Transporte 22 y el Fondo Nacional del Ahorro y Aguas de Bogotá, con 10 cada una.

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Quejas

El Ministerio Público Distrital trasladó quejas por la vulneración del derecho de petición a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades del Distrito para que indaguen a los responsables de su presunta vulneración.

La mayoría de las quejas fueron contra la Secretaría de Movilidad y las alcaldías locales. Le siguen las EPS, los juzgados, los fondos de pensiones y cesantías, ministerios y superintendencias.

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Ante este panorama, en la Personería de Bogotá no sólo actúa en defensa de ese derecho, sino que hizo un llamado a la entidades distritales para adoptar correctivos necesarios para su garantía.

«El derecho de petición como derecho fundamental y su aplicación en el Distrito Capital»

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El foro buscó propiciar un espacio de reflexión entre las entidades distritales y la academia, para reconocer la importancia e implicaciones que tiene el derecho de petición como derecho fundamental ciudadano y no como un simple trámite de oficio, además de reafirmar su aplicación legal.

Fueron panelistas José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional; Wilson Martínez Sánchez, doctor en Derecho Penal y actual procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad; Héctor Ferrer Leal, abogado especialista en Derecho Comercial; y Wilson Ramírez Hernández, magíster en Derecho Administrativo y asesor de la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado.

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