El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto, presentó nuevamente una Acción de Grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de que las entidades responsables del servicio de transporte de la capital indemnicen a los usuarios por los perjuicios económicos de que fueron objeto por la falta de integración del sistema de tarjetas de pago.
La demanda busca que la Alcaldía Mayor de Bogotá, Angelcom, Recaudo Bogotá, Transmilenio, la Unión Temporal Fase II y la Superintendencia de Puertos y Transporte, como responsables del daño, paguen con una rebaja o gratuidad temporal del servicio por los sobrecostos generados a los usuarios del servicio, calculados en $55 mil millones, derivados de la demora en la unificación del pago, que debió operar desde agosto de 2012.
La Acción de Grupo incluye un estimativo de los dineros adicionales cobrados a los más de 500 mil pasajeros diarios que realizan transbordos entre las fases de Transmilenio, los buses urbanos o viceversa, por la falta de integración del sistema.
“Para los usuarios que no utilizan la tarjeta Tullave Plus (verde) constituye un sobrecosto realizar transbordos, debido a que el descuento que se otorga por traslados dentro del SITP no aplica para los usuarios con las tarjetas Cliente Frecuente (roja) y Monedero (azul)”, señala la Personería.
“Por ejemplo, para 2014 en las Fases I y II se realizaron 547’808.717 viajes, de los cuales 903.105 fueron transbordos en horas valle e implicaron un costo para quienes no utilizan la tarjeta verde, de $1.290’920.449. En horas pico se realizaron 1’993.520 traslados, con un costo aproximado para esos usuarios de $2.847 millones. En resumen, los usuarios que realizaron transbordos de las Fase I y II al zonal y/o viceversa, incurrieron en un costo adicional de $4.911’070.973 por la no integración del medio de pago”, explicó el ente de control.
De acuerdo con el Decreto 309 de 2009, la integración tarifaria permite a los usuarios del SITP la utilización del servicio con pagos adicionales por transbordo inferiores al primer cobro. Sin embargo no se pueden realizar traslados entre las fases con un pago inferior al primer cobro, con ninguna de las 3 tarjetas. Lo anterior se evidencia cuando el usuario sale de la estación Museo Nacional de la Fase III y quiere ingresar a la estación Calle 26 de la Avenida Caracas, Fase I: El pasajero paga la tarifa completa para entrar a ésta última estación, pero eso no equivale a transbordo.
En promedio, cada persona debe destinar $52.000 mensuales adicionales para cubrir los costos de transbordos de buses articulados a rutas urbanas del SITP o viceversa. La afectación se agudiza más en los estratos con menor capacidad económica. La no existencia de un medio único de pago se agrava día tras día, toda vez que en la medida que aumentan los pasajeros movilizados son más las personas que sufren las consecuencias al tener que portar dos tarjetas y, además, no poderse beneficiar de descuentos por transbordos.
El Decreto 356 de 2012, que establece una tarifa diferencial para ciertos pasajeros por condiciones especiales como la edad (62 años) y la hora de utilización del servicio, y un beneficio económico por el transbordo dentro de las diferentes modalidades del sistema, no se benefician debiendo pagar una carga irrazonable e ilógica, lo que constituye un detrimento patrimonial para estos.
La Personería en su demanda destacó que la fórmula de reparación se puede aplicar no sólo a través del pago de perjuicios a los usuarios afectados que puedan demostrar dicha condición, sino a través de la rebaja en la tarifa o la gratuidad temporal del servicio de transporte.