El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que pidió un informe sobre la responsabilidad de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) en la crisis de abastecimiento de agua sufrida por el departamento de La Guajira, al haber sido el operador de este servicio en este territorio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“El operador del Plan Departamental De Aguas de La Guajira fue el Acueducto de Bogotá en tiempos de Uribe y logró pasar a tiempo de Santos. Y en una junta directiva pregunté ¿los estudios que hizo la EAB fueron de redes de acueducto para los municipios? Pero no se preguntaron de dónde salía el agua y no hubo respuesta”, dijo Petro.
Para el mandatario, se tienen que establecer responsabilidades por las decisiones políticas que han deteriorado el ambiente, como parte de la lucha social contra el cambio climático.
“Nuestra empresa pública tiene algo que decir, así sea para pedir perdón, porque en el primer año de este gobierno quitaron al operador público allá en La Guajira y pusieron uno privado, y el privado -como cosa rara- son españoles, pero digamos, hay algo que decir al respecto, lo mismo que en El Quimbo, lo mismo que en nuestros páramos y nuestros embalses”, aseguró Petro.
A mitad de año El Espectador habló de las alternativas para no morir de sed en La Guajira. Los indígenas wayuus y sus animales se están muriendo de hambre y sed en ese departamento, pues desde hace cuatro años no llueve con fuerza. Basta visitar algunas rancherías para encontrar un panorama desalentador repleto de necesidades: los niños presentan síntomas de desnutrición, no hay tierras aptas para el cultivo, los rebaños se han reducido y los arroyos están secos como consecuencia de un déficit de lluvias del 100%; no hay un sistema de salud integral, ni de educación, ni de saneamiento, mucho menos una infraestructura vial en buenas condiciones que facilite la comunicación entre las principales ciudades y sus pobladores.
A pesar de todo, la mayor preocupación sigue siendo la misma: el agua. Por eso, la organización internacional Oxfam viene desarrollando un programa desde septiembre del año pasado, gracias a la solicitud presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de garantizar el suministro de agua a las comunidades.
Ahora las mujeres y los niños no tienen que caminar seis horas diarias bajo un sol abrasador y sofocante para llenar algunos baldes o múcuras en los jagu?eyes más cercanos. Tampoco tienen que buscar el agua en lo que algún día fueron arroyos, pero hoy sólo son huecos de arena.
De acuerdo con un estudio realizado por Oxfam, el 96% de la población del municipio de Uribia tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), siendo la zona fronteriza con Venezuela la más afectada y la zona periurbana la más vulnerable. “El acceso de los hogares a los servicios básicos es muy bajo, sólo el 6, 1% tiene acceso a la energía ?eléctrica, el 3,5% al servicio de alcantarillado y el 5,3% a acueducto (…) el número aproximado de familias totales en estas zonas más vulnerables es de 15.538”, concluye el documento de la organización.