“Mi patrimonio se ha extinguido”. Fue la frase con la que el pasado jueves respondió el alcalde Gustavo Petro a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ratificar la multa contra él y el Distrito por implementar el esquema público de recolección de basuras. Y cuando apenas conocía detalles de la decisión, le llega otro dolor de cabeza: el anuncio de la Contraloría Distrital sobre la apertura de un nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra el Distrito relacionada con el tema.
De acuerdo con el contralor de Bogotá, Diego Ardila, la nueva investigación obedece a un presunto detrimento patrimonial que asciende a $426 millones, por la pérdida de 247 llantas de repuesto (con sus respectivos rines), que el Distrito había comprado para los camiones de recolección de basuras. Con este, ya son cuatro investigaciones que adelanta el ente de control contra el mandatario, los cuales suman casi $84.000 millones.
Frente al caso de las llantas, explicó la Contraloría, se descubrió tras una visita realizada el pasado 11 de julio a los patios de la empresa Aguas de Bogotá, en la que se verificó el procedimiento para llevar el control de las llantas asignadas al parque automotor. “Se pudo establecer que de las 250 llantas de repuesto que llegaron con los camiones compactadores marca Daewoo, y que deberían estar en bodega, sólo había tres. Del resto se desconoce el paradero”, dice el informe.
El contralor Diego Ardila agregó que al no encontrarlas en los registros de inventarios, ni existir un control por la sección de mantenimiento, se configuró “el hallazgo fiscal, ya que existe una clara negligencia en el manejo de los recursos”. Este nuevo hallazgo hace parte de un detallado seguimiento que ha hecho la Contraloría Distrital a cada peso que se ha gastado la administración en el proceso de implementación del modelo de aseo.
En medio de su vigilancia, ya ha abierto investigaciones por el alquiler de compactadores, equipos y maquinaria para la prestación del servicio de aseo, en el que se registró un posible detrimento patrimonial cercano a los $34.000 millones; por el alquiler de volquetas y empleados para recoger basuras, que ascendería a $26.000 millones, y por posibles irregularidades en el suministro de combustible para los camiones recolectores, por casi $24.000 millones. El contralor Ardila ha señalado que al alcalde Petro se le advirtió en varias ocasiones de la falta de planeación en materia del esquema de recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos en la ciudad.
SeguidillaPero los procesos fiscales no son los únicos que capotea el alcalde Petro por su esquema de recolección de basuras. Desde que hizo el cambio, ha tenido que responder y defenderse ante todos los organismos de control. Desde la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó, hasta la Fiscalía, que investiga posibles irregularidades por la importación de camiones compactadores usados para poder prestar el servicio de recolección mientras llegaban los camiones nuevos.
La batalla más fuerte que ha librado es contra la Procuraduría. Vale recordar que el Ministerio Público destituyó e inhabilitó al mandatario distrital por el caos que vivió la ciudad durante la transición del esquema privado al esquema público. Por esta sanción estuvo casi un mes por fuera de su cargo, al cual regresó gracias a las medidas cautelares que le otorgó el magistrado Gerardo Arenas, del Consejo de Estado, mientras se resuelve la demanda de nulidad contra la decisión de la Procuraduría.
Frente a este caso, los últimos movimientos en el Consejo de Estado tienen que ver con la revisión de las medidas cautelares. La Procuraduría presentó un recurso de súplica para que levantaran las medidas, petición que de ser aceptada sacaría de nuevo a Petro del Palacio Liévano.
Y aunque la revisión le correspondía inicialmente a un reducido grupo de magistrados, el alto tribunal anunció que la revisión la hará el Consejo de Estado en pleno, debido a la transcendencia del asunto. Es decir, participarán todos los magistrados de la corporación. Ante este anuncio, los abogados del mandatario indicaron que preparan una petición de nulidad ante esta decisión, al señalar que con ella se viola el debido proceso.
A esta batalla se anuncia una adicional. Se trata de la lucha contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó desmontar el actual esquema en seis meses e impuso una multa que asciende casi a los $80.000 millones. Como esta decisión es una decisión de segunda instancia y no admite más recursos ante la SIC, según Hugo Zárrate, secretario de Gobierno de Bogotá, se radicará en los próximos días una demanda de nulidad contra la decisión de la SIC, ante la justicia administrativa.
“Esta fue una sanción gravísima y desproporcionada. Estoy seguro que el acto administrativo de la Superintendencia, que va a ser demandado, será anulado, porque contraría la orden de la Corte Constitucional de años atrás. El modelo de aseo de Bogotá es legítimo, incluimos los recicladores cuando nunca nadie lo había hecho», expresó Zárrate.
Por ahora, el panorama de Petro frente a su esquema de basuras sigue siendo complejo. Y aunque su permanencia en el cargo está en manos del Consejo de Estado, lo único claro es que el desprivatizar el servicio de recolección de basuras fue una maniobra que le salió cara al Distrito y al propio mandatario quien hoy describe su situación financiera en una frase concreta: “mi patrimonio personal se ha extinguido”.
“Vaca” de los recicladoresComo un acto de agradecimiento a Gustavo Petro por haberlos incluidos en el esquema de recolección de basura, un grupo significativo de recicladores lanzaron la propuesta a sus colegas de oficio de hacer una “vaca” para ayudarle al mandatario a pagar parte de la multa de $410 millones que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. La propuesta consiste en que cada reciclador done un día de trabajo, valorado en $7.000. Las cuentas que hace es que si al menos 10.000 de ellos aceptan la propuesta, podrían recaudar alrededor de $70 millones, que serían donados para ayudar a pagar la sanción. Algunos de sus líderes aseguran que esta sería la mejor forma de demostrarle a Petro lo agradecidos que están por haber formalizado su trabajo.
Petro: semana difícilVarias decisiones contrarias a los intereses del mandatario distrital se dieron en la semana que termina.
1. Vuelven los toros. Septiembre 2: Por orden de la Corte Constitucional, a Bogotá tendrá que regresar la fiesta brava. A pesar de que Petro inició una lucha contra las corridas de toros e incluso dio por terminado el contrato que tenía el distrito con la Corporación Taurina para la explotación de la plaza de toros, el alto tribunal protegió esta actividad al considerarla una expresión artística que se debía proteger.
2. Se hunde la modernización tributaria. Septiembre 3. El Concejo Distrital archivó el proyecto de acuerdo que buscaba una modernización tributaria en Bogotá, con la que buscaba reorganizar la forma de calcular el pago del impuesto predial y establecía los cobros por congestión. La iniciativa no tuvo respaldo en la corporación.
3. Denuncia a Nicolás Petro. Septiembre 3. Por los rumores que crecen alrededor de la posible injerencia del hijo del alcalde Gustavo Petro en la contratación del Distrito, el propio mandatario solicitó a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer los rumores.
4. SIC ordena tumbar esquema de aseo. Septiembre 4. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratifica la multa contra él y el Distrito (que suman $80.000 millones) por implementar el esquema público de recolección de basuras, por violar la libre competencia. Ordena cambiar el esquema.
5. Proceso fiscal. Septiembre 5. La Contraloría Distrital abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra el Distrito por un presunto detrimento patrimonial que asciende a $426 millones, por la pérdida de 247 llantas de repuesto (con sus respectivos rines), que el Distrito había comprado para los camiones de recolección de basuras. Con este, ya son cuatro investigaciones que adelanta el ente de control contra el mandatario, los cuales suman casi $84.000 millones.