Por medio de un oficio enviado al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el senador por Iván Cepeda le solicitó que impulse un incidente de desacato al Ministerio de Ambiente, al considerar que hubo omisión en el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de marzo de 2014.
Esta sentencia, conocida como ‘sentencia del Río Bogotá’, dio 6 meses de plazo para delimitar geográficamente las zonas excluidas de minería en donde no podrían ejecutarse trabajos y obras de explotación en la Sabana de Bogotá.
Mediante sentencia, el Consejo de Estado declaró ‘‘la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional’’, por lo que su destinación sería prioritaria para el sector agropecuario y forestal.
Asimismo, una de las órdenes dictadas por la institución, consistió en darle al Ministerio de Ambiente “el término perentorio e improrrogable de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia”, para delimitar “geográficamente las zonas excluidas de minería en donde no podrán ejecutarse trabajos y obras de explotación”.
A raíz de dicha decisión, el senador del Polo Democrático Alternativo ofició al Ministerio de Ambiente con el fin de conocer las acciones de esta cartera en materia del cumplimiento del fallo.
Según el Ministerio, hasta el momento solo se han adelantado actividades de análisis, reuniones internas y solicitudes de conceptos, entre otras, pero no se ha culminado en lo que fue ordenado por el Alto Tribunal.
De esta manera, el congresista pidió al Defensor del Pueblo que inicie un incidente de desacato por la omisión en el cumplimiento de la providencia. “Con este incumplimiento, el ministerio pone en riesgo los derechos colectivos de quienes habitamos este territorio”, manifestó Cepeda.
También, el senador del Polo recordó que el desacato es una herramienta disciplinaria que puede ser ejercida por las partes de un proceso, en este caso la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, ante la desatención de una orden proferida por la autoridad competente.