Los miembros de movimientos animalistas de Bogotá y Cundinamarca están molestos con la diáspora taurina, que se ha llevado a los municipios de Cundinamarca la fiesta brava que se quedó sin espacio en Bogotá, luego de que el alcalde Petro se negara a renovar el contrato de arrendamiento de la plaza de toros de Santamaría.
Pero su molestia va más allá de las corridas que se han organizado en municipios como Madrid y Subachoque. Según reportó el Noticiero RCN, en el último evento, realizado el 17 de febrero en el Centro Marruecos, en el municipio de Madrid, los asistentes aprovecharon la ocasión para hacer circular las planillas de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro.
De hecho, la jornada estuvo marcada por la aparición de pancartas y pendones que declaraban la oposición al proyecto del alcalde: “Aficionados taurinos de Bogotá desplazados por Petro”, se leía en uno de ellos; “Toros sí, Petro no”, rezaba otro.
Al evento asistieron importantes personalidades, incluyendo el exvicepresidente y periodista Francisco Santos, quien aseguró: “La gente que se vio violentada por una alcaldada de Petro tiene derecho a protestar”.
Los animalistas, sin embargo, han decidido denunciar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el que los asistentes a este evento aprovecharan la ocasión para hacer circular los listados de firmas para apoyar la convocatoria a una consulta popular que le revoque el mandato al alcalde Petro.
En una misiva enviada al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, la organización PATA (Protectora Ambiental contra la Tortura Animal) le pide investigar la jornada de recolección de firmas, por considerarla un caso de trashumancia electoral. Según la organización, el hecho de que al evento hubieran asistido no sólo ciudadanos de Bogotá sino de otras zonas de Cundinamarca, da para pensar “que se cometió fraude” que debe ser “verificado e investigado”.
Según el artículo 389 del Código Penal, “el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipios o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 3 a 6 años”.
Sin embargo, de haber sido inscritas las cédulas de personas residentes en Bogotá, no habría ningún tipo de delito, pues todos ellos estarían habilitados para votar la revocatoria del alcalde del Distrito Capital.