Aunque el alto tribunal frenó el proceso con el fin garantizar la participación de los recicladores y, según el magistrado Juan C. Henao, presidente de la Corte, en dos semanas podría resolverse si se da luz verde o no a la licitación, para la alcaldesa (e) Clara López la demora en la revisión atenta contra el derecho a la salubridad de los bogotanos. Por eso, a la tutela interpuesta al alto tribunal el pasado jueves por la firma coreana Insun Ent Co. (uno de los proponentes de la licitación), se suma ahora una acción por parte del Distrito. Esta semana, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) también interpondrá tutela a la Corte para que agilice su decisión. Al mismo tiempo que hacía el anuncio, Clara López le pidió a la Corte que si decide tumbar la licitación, lo haga con todos los fundamentos jurídicos. De caerse la licitación de 2,3 billones, este sería otro de los puntos que se anota el alcalde electo, Gustavo Petro, quien desde su campaña viene insistiendo en que el modelo de recolección en la ciudad se debe cambiar estructuralmente para impulsar el aprovechamiento de los residuos y favorecer a los recicladores. Sin embargo, según Juan Carlos Junca, director de la Uaesp, entre más se dilate la adjudicación, más peligro corre el manejo de residuos por el aumento de la libre competencia. Por su parte, Kim Daeboung vicepresidente de Insun Ent Co., que lleva 12 años prestando el servicio de recolección de residuos en Corea, le dijo a El Espectador que su compañía busca que el alto tribunal reactive el proceso para invertir en la ciudad. Mientras se define el rumbo de las 6 mil toneladas de basura que produce Bogotá, los mayores favorecidos siguen siendo los actuales operadores, que continúan prestando el servicio (con un contrato por seis meses), pese a que debían entregarlo desde septiembre de 2010, cuando terminó su contrato inicial.