En un fallo de primera instancia, la Personería de Bogotá sancionó disciplinariamente a Fredy Alexánder Martínez Guzmán, exalcalde de Bosa, quien es investigado por supuestas irregularidades en la contratación del arreglo de la malla vial por valor de $5.713 millones.
Según el ente de control, el mandatario limitó la participación plural de oferentes, al exigir en el pliego de condiciones requisitos habilitantes restrictivos y excluyentes en la experiencia general y específica, sin justificación técnica. De acuerdo con la investigación adelantada, Martínez Guzmán vulneró el principio de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal.
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Así mismo, la personería delegada para asuntos disciplinarios ordenó iniciar una investigación disciplinaria en contra del asesor jurídico de contratos, un profesional del área de infraestructura y el coordinador administrativo y financiero de la alcaldía de Bosa.
La determinación de la Personería fue apelada por el exmandatario, quien precisó que no cuenta con ningún tipo de antecedente disciplinario, penal o fiscal. «Es importante aclarar que es solo hasta que se resuelva el recurso de apelación que se puede afirmar si una persona es responsable disciplinariamente o no. El fallo de primera instancia se apeló y, por lo por lo tanto, no se encuentra en firme», declaró.
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El problema de irregularidades en contratación en las alcaldías locales no es un asunto nuevo en la agenda de la administración actual, ni de anteriores gestiones, pues los alcaldes son los primeros responsables de lo que sucede en su localidad y deben gestionar un presupuesto anual a través del Fondo de Desarrollo Local, que para todas las localidades suma alrededor de $800.000 millones. Este último punto es su mayor prueba y, en muchos casos, su manejo es la razón del declive de su carrera.
Aunque las alcaldías menores responden a las políticas de la Alcaldía Mayor, al final son independientes en ciertas funciones y decisiones administrativas como, por ejemplo, la contratación de servicios de seguridad, la compra de equipos y el mejoramiento de la malla vial, entre otras. Esta autonomía, apoyada por el decreto 101 de 2010, es la puerta por donde suelen ingresar la corrupción y las malas prácticas administrativas.
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Por eso, la Personería ha estado tras la huella de todos aquellos alcaldes menores que han intentado o han hecho un uso indebido del presupuesto local. Hasta ahora, el ente de control ha puesto la lupa en los mandatarios que han ocupados los despachos de las localidades de Santa Fe, Bosa, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos.
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Hasta el momento, se han presentado siete renuncias y tres destituciones. Sin embargo, alcaldes de Chapinero y Usaquén han estado en el ojo del huracán por contratos de rehabilitación de la malla vial.
Actualmente, de acuerdo con la Personería, son 15 alcaldías locales las que están siendo investigadas por presuntas irregularidades en contratación.
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