Bogotá produce unas 7.500 toneladas de residuos sólidos. De ellas, los recicladores recuperan unas 1.300 y 6.200 se entierran en el Relleno Sanitario Doña Juana. De las que se llevan al relleno, el 70% son residuos orgánicos. Buena parte del otro 30% sería reciclable si se lo separara en la fuente (hogares, empresas…) y no se lo contaminara con residuos orgánicos.
En principio, los costos de un reciclaje o aprovechamiento adecuado (separación en la fuente, rutas selectivas, clasificación, comercialización, remuneración digna al reciclador) son superiores al precio de venta del material aprovechable. A lo largo del mundo se promueve el aprovechamiento por razones ambientales y se lleva a las tarifas de aseo el mayor valor del costo de reciclar sobre el precio de venta del material mencionado.
En Colombia no se realiza ese traslado a la tarifa. Sin embargo, el reciclaje sí cubre sus costos económicos por dos razones: el que realizan los grandes empresarios del aprovechamiento se basa en que “descreman” la actividad, es decir que recogen los residuos de centros comerciales, zonas francas y fábricas, en donde se producen grandes volúmenes de desechos no contaminados. Y, segundo,el de los recicladores informales, que es el de más amplia cobertura, puede persistir porque reciben una remuneración muy baja y trabajan en condiciones infrahumanas. El país reduce gracias a ellos sus pasivos ambientales, pero aumentando su deuda social.
Al diseñarse la licitación no parece haberse tenido en cuenta el lugar central que debe tener el aprovechamiento en el manejo de la basura. Eso explica que no haya estado precedida de estudios sobre el costo del reciclaje, la parte del mismo que se recupera con la venta del material y la parte que debe trasladarse a la tarifa.
En el pliego de la licitación se intenta apoyar a la población recicladora. Cada consorcio adjudicatario de una ASE tiene que asociarse con una organización de segundo grado de recicladores y suministrarle un camión, unos carros de tracción manual y dotaciones personales. Pero, por lo demás, esa población queda librada a las fuerzas del mercado. Como ocurre hoy en día, su situación dependerá del precio del material recuperado. Nadie le garantizará una remuneración y unas condiciones de trabajo dignas.
Lo inquietante es que eso seguirá ocurriendo en el contexto de la prestación de un servicio público domiciliario, el de aseo y saneamiento básico, que es regulado por la ley.
Comoquiera que sea, por varias razones no es inevitable que la incorporación del reciclaje y su costeo al manejo de los residuos aumente las tarifas en Bogotá: las vigentes están sobredimensionadas y eso tarde o temprano tendrá que corregirse –durante los contratos de aseo en curso, después de recaudar las tarifas y pagarles a los operadores del servicio se han formado excedentes por más de $150.000 millones–.
Las nuevas concesiones serán regidas por resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento, CRA, que parten –si se las compara con las vigentes– de una estimación más baja y realista de la producción de residuos por usuario.
Finalmente, es posible aumentar el valor del material manejado por la población recicladora de oficio y, por ende, reducir la parte de los costos de su actividad que se lleve a la tarifa, si se entrega toda la actividad de aprovechamiento a dicha población.
Lamentablemente, aunque el pliego prevé el montaje de rutas selectivas para recoger los residuos recuperables, no se las asigna con exclusividad a los pequeños recicladores. Cualquiera podrá montar su propio esquema de recolección de esos desechos, con lo que algunos grandes empresarios particulares se les seguirán adelantando a los recicladores de oficio y quedándose con los residuos de mejores características.