Antes de llegar a Bogotá habían estado en las instalaciones de la compañía de seguros Positiva ARP en Cúcuta pidiendo que fueran reconocidas las enfermedades que habían contraído trabajando en construcción, minería y ladrilleras en diferentes parajes de Norte de Santander.
Pero, como asegura Dimas Cruz, uno de los 20 hombres que desde el miércoles en la mañana protestaban encadenados en la Plaza de Bolívar, nadie los escuchó y por el contrario las amenazas los obligaron a salir corriendo del lugar. Fue por esto que decidieron viajar a Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, espacio hoy convertido en el símbolo de las manifestaciones en todo el país.
Pese a que el Distrito intentó atenderlos y les ofreció un espacio en la Secretaría de Gobierno para adelantar la negociación, además de un albergue y alimentación durante su estadía en la capital, los manifestantes se negaron hasta no concretar un encuentro con el vicepresidente Angelino Garzón.
Y lo lograron. En este momento, esperan cumplir una cita con Garzón para discutir su problemática y llegar a un acuerdo. En camino desde Cúcuta vienen 18 trabajadores más a exigir sus derechos. De acuerdo con la secretaria de Gobierno Olga Lucía Velásquez, este viernes se reunirán con el Ministerio de Salud, ARP Positiva, Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría, y la Defensoría del Pueblo.
Aunque los mineros arriban desde distintas partes del departamento, comparten el hecho de sufrir alguna enfermedad causada supuestamente en sus trabajos y la presunta falta de garantías por parte de la aseguradora. Demostrarlo es el reto de quienes no quieren ser calificados como avivatos, de esos que sobran en algunas manifestaciones.
Luis Gabriel Arévalo tiene tres años de incapacidad, pero dice que ni un solo día reconocido por la aseguradora. Afirma que la entidad nunca ha cumplido. Dimas Cruz cuenta que ya suma más de 75 órdenes para un tratamiento de la columna, pero nunca ha sido atendido.
Lo mismo le pasa a Antonio Gutiérrez, quien trabaja en la minería hace 10 años y sufrió una fractura de columna que lo dejó incapacitado desde 2007, pero hasta la fecha asegura que no ha logrado que le reconozcan su incapacidad.
“El Estado nos tiene abandonados, estas cosas no deberían suceder en el país, no es posible que tengamos que venir hasta Bogotá para que nos escuchen”, enfatiza Cruz, quien espera que la voz de los mineros “trascienda de la oscuridad de las minas”.