Dos procesos de auditoría por presuntos sobrecostos millonarios en la Contraloría de Bogotá podrían verse afectados debido a la coexistencia de dos entidades que vigilan simultáneamente la gestión fiscal de dicho organismo.
Se trata de la Auditoría Especial a la Contraloría Distrital y de la Auditoría General de la República, en cuyas dependencias ya se abrieron sendas indagaciones preliminares por los presuntos sobrecostos en el arriendo de un edificio en el que funcionó la Contraloría de Bogotá y, por otra parte, en obras de infraestructura que se hicieron en el edificio de la Lotería de Bogotá, en el cual funciona hoy en día el ente de control. Ambos hechos ocurrieron durante la administración del hoy detenido excontralor Miguel Ángel Moralesrussi.
El problema consiste en que los resultados de las dos investigaciones podrían contradecirse. Y, en ese caso, no se sabe qué decisión imperaría, por lo que el tema se encuentra en medio de una gran insertidumbre jurídica. Al menos, eso dice Fredy Céspedes, empleado de la Auditoría General, que interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que defina la situación.
En el documento, que conoció este diario, se expresa que la existencia de la Auditoría Especial de la Contraloría de Bogotá “es inconstitucional”, toda vez que la Carta Política establece que la auditoría a la gestión de las contralorías deberá ser ejercida por el auditor general de la República.
Además, la Corte Constitucional señala que los órganos de vigilancia deben ser independientes de las entidades que vigilan y la Auditoría Especial funciona en el edificio de la Contraloría de Bogotá y depende de ésta presupuestalmente. En otras palabras, resulta cuestionable que quien es auditado sea a su vez jefe del auditor.
Al respecto, el auditor general de la República, Jaime Ardila Barrera, comentó que aunque no fue él quien interpuso la demanda considera “una figura extraña” la existencia de una dependencia adscrita a la Contraloría de Bogotá (Auditoría Fiscal), “la cual no posee independencia ni autonomía frente al órgano que vigila y que además denota subordinación o dependencia”.
Un debate que promete polémica y que se abre justo en momentos en los que el Concejo se apresta a elegir al nuevo contralor de la ciudad.