El 1º de septiembre de 2011 José Mario Gamboa recibió la llamada indeseada. Le dijeron que su hijo, Vianey Mario Gamboa, teniente y miembro del escuadrón antirrobos de la Sijín de la Policía, había muerto en un operativo realizado en el barrio Ciudad Montes de Bogotá. Pero desde los primeros meses posteriores al fallecimiento intuyó que había algo más en el asesinato que un simple cruce de disparos entre asaltantes y uniformados. Luego vino la duda acerca de si a su hijo lo habría matado uno de sus propios compañeros y si habría sido un falso positivo.
José Mario Gamboa, de 73 años, habla con orgullo del trabajo que realizó durante 25 años en la Policía, de la que se retiró en 1982 siendo sargento primero. El uniforme también lo vistieron sus hermanos y su hijo, que quiso dejar su carrera de ingeniería y entrar a la institución como su familia. Desde la muerte de Vianey Mario ha dedicado su vida a aclarar qué pasó realmente en la mañana de ese jueves en que fue asesinado.
La versión oficial que le dieron sobre la muerte es que el operativo comenzó cuando una “fuente humana no identificada” le dijo al teniente Gamboa, por entonces jefe de la Unidad de Hurto a Residencias de la Sijín, que varios hombres harían un asalto en una casa de Ciudad Montes. Que no hubo una dirección exacta, simplemente indicaciones: “cerca de un caño y una iglesia”. Que el teniente llamó a sus hombres y a las 6:40 de la mañana salieron a patrullar la zona. Que el teniente iba en un taxi de placas VEJ-143, acompañado solamente por el sargento Guillermo Alberto Unigarro, miembro de la Sijín de la Policía que trabajaba en el área de audiovisuales y tenía la misión de grabar el operativo. Que cuando Gamboa vio unas extrañas camionetas parqueadas se detuvo, salieron tres sujetos de una casa y comenzó el intercambio de disparos, que terminó en la muerte.
El padre se hubiera podido quedar con la historia de la muerte de un hijo cumpliendo su deber al tratar de evitar un robo. Pero su inquietud y su experiencia en los procedimientos policiales lo hacían cuestionar varios aspectos que no encajaban.
Recuerda que ese 1º de septiembre, cuando le avisaron que su hijo había muerto, viajó inmediatamente desde el municipio donde vive en el departamento de Boyacá hasta Bogotá. Empezó a averiguar los detalles y lo primero que encontró, dice, es que el teniente no fue trasladado al Hospital Central de la Policía, más adecuado para estos casos y más cerca que el Santa Clara, a donde finalmente lo llevaron.
Hasta ahí se trataría sólo de un error de reacción de primeros auxilios. “Luego empecé a sospechar de la versión de la muerte en la cuarta audiencia en los juzgados”, recuerda José Mario Gamboa. Supo, por ejemplo, que instantes después del fallecimiento de su hijo, el caso fue manejado por la Sijín de la Policía y no por el CTI de la Fiscalía. Se trataba de un motivo poderoso para sospechar que había algo que no cuadraba. Gamboa conoce los protocolos que se siguen en este tipo de situaciones, pues durante cinco de los 25 años que trabajó en la Policía estuvo en una oficina investigativa de la institución. Por eso sabe que la regla general en eventos en los que aparecen involucrados policías es que las diligencias de indagación e investigación, “por transparencia, las asume un organismo como el CTI”.
Las audiencias iban pasando a lo largo de 2012 y la familia Gamboa sentía que ni su antiguo abogado ni la Fiscalía trabajaban realmente por hacer que saliera a la luz la verdad. Así que José Mario Gamboa decidió escribir de su propio puño y letra tres cartas dirigidas a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en los que detallaba sus consideraciones acerca de por qué, para él, el caso de su hijo no se trataba de un procedimiento frente a una banda de criminales, como lo había presentado la Policía, sino de “una muerte producida en el interior mismo de la institución. Dolosa o culposa, es un debate que debe darse en otra instancia”, les escribió el padre.
Otro de los hechos que llevaron a José Mario Gamboa a dirigirse personalmente al tribunal y a la Procuraduría reclamando verdad y justicia es que el día del operativo al teniente Gamboa le asignaran como acompañante al sargento Unigarro (el camarógrafo de la Sijín), que pertenecía al grupo de criminalística, y no a una persona que hiciera parte de la unidad contra atracos.
El padre también revisó minuciosamente los estudios de balística, que señalaban que los orificios de los cinco disparos en el taxi donde iban Gamboa y Unigarro eran de salida, “ninguno ingresó de los presuntos disparos que realizaban los antisociales”. Además, Medicina Legal certificó que el disparo que mató al teniente Gamboa se produjo a una distancia no mayor de 60 centímetros y de atrás hacia delante, “concluyéndose que el disparo se produjo en el interior del taxi”.
Tampoco hubo cadena de custodia para el taxi del operativo y se puso en servicio tiempo después de la muerte, cuando se trataba de una prueba del caso. En las audiencias del proceso que se siguió a los asaltantes que estuvieron el 1º de septiembre de 2011 en una casa del barrio Ciudad Montes se conoció que al grupo de delincuentes les dijeron que había $650 millones, y cuando llegaron sólo encontraron $2.000. Así lo aseveró la familia propietaria de la vivienda.
Cada una de estas dudas ha sido motivo suficiente para que José Mario Gamboa insista en saber si fue el sargento Unigarro quien le quitó la vida a su hijo. Después de escribir estas inquietudes al Tribunal Superior, éste falló en noviembre de 2013 y solicitó que se investigara al sargento Unigarro y los demás uniformados de la Sijín que participaron en el operativo del barrio Ciudad Montes para establecer si tuvieron algo que ver con la muerte de Vianey Mario Gamboa.
El Tribunal reconoció que no hay indicios de que se tratara de una ejecución extrajudicial planeada por la Fuerza Pública. Sin embargo pidió que la Fiscalía investigue si se trató “de un accidente o, por el contrario, de un hecho premeditado”.
Días de zozobra
La escena se ha repetido varias veces. Cuando llega a su casa en Boyacá, luego de semanas de trámites, visitas a juzgados y tribunales llevando documentos y teniendo citas con sus abogados, José Mario Gamboa ha encontrado a su esposa leyendo los documentos de la investigación sobre la muerte de su hijo. “‘Si aquí dice que el disparo fue de adentro hacia afuera, cómo así que no pasa nada’, me dice ella, y yo sólo intento quitarle los papeles, porque ella está aniquilada al saber que pudo haber sido un compañero el que lo mató”, dice.
Han pasado tres años y medio desde que el teniente falleció y aún no hay avances en la orden que dio el Tribunal Superior de Bogotá de investigar a Unigarro y los otros uniformados. Ante los oídos sordos de la justicia colombiana, José Mario Gamboa tuvo que acudir a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tiene en sus manos más de 160 folios para estudiar el caso y ha pedido más información al respecto.
El padre también contrató un investigador con amplia experiencia en el FBI de Estados Unidos, quien hizo inspecciones en el lugar de los hechos e indagaciones en la jefatura de la Sijín y revisó los dictámenes de Medicina Legal. Estos indicios y pruebas están en custodia para el momento en que la Fiscalía realice los trámites correspondientes, pues este año fue asignada al caso una nueva fiscal especializada, tras los lentos avances de la anterior.
“Solamente quiero la verdad y nada más. Lo más importante ahora para la familia Gamboa es que la CIDH aceptó mi solicitud y nos está pidiendo más documentación”. Buscar esa verdad se ha convertido en el motivo de José Mario Gamboa para continuar su vida y de alguna manera darles algo de tranquilidad a su esposa y su nieta, para que algún día sepan que, aunque el teniente ya no regresará, al menos se hizo justicia.
Por la verdad y la justicia ante la CIDH
José Mario Gamboa llevó el caso de la muerte de su hijo, el teniente de la Policía Vianey Mario Gamboa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues busca la verdad para saber si fue un “falso positivo”. La justicia colombiana aún no ha avanzado para resolver esta duda, después de tres años y medio desde que ocurrieron los hechos en el barrio Ciudad Montes de Bogotá.
La defensa de don Mario Gamboa también pidió al Consejo Superior de la Judicatura que el caso del teniente asesinado sea resuelto en la justicia ordinaria y no en la militar, debido a que involucra a civiles, que habían sido responsabilizados inicialmente de la muerte del teniente.
Se sabe que un juez penal militar negó la medida de aseguramiento contra Guillermo Alberto Unigarro, sargento de la Sijín de la Policía que trabajaba como camarógrafo hasta el momento de la muerte de Gamboa, y a quien el Tribunal Superior de Bogotá pidió investigar por su posible relación en los hechos. La defensa de la familia Gamboa presentará una apelación contra esta decisión ante el Tribunal Superior Militar.