Es mediodía. El sol golpea a la capital con tal fuerza que no resulta fácil abrir los ojos para ver lo que se avecina. El ruido de las motos se hace infinito en la calle 16 con carreras 15 y 16. Dos cuadras o un tanto más están inundadas con el ruido de sus motores y de la gente que comercializa con ellas. En medio de esto, un corredor.
Dirige a un segundo piso. Hay que caminar despacio pues, a pesar del acalorado día, en el interior de esta vivienda la luz brilla por su ausencia. Luego, una habitación. Por su tamaño podrían vivir allí dos o tres personas, pero no. Allí duermen 14 indígenas Embera Katío. Y hay una cama. En medio de unas condiciones de pobreza que apuntan a la miseria, niños, jóvenes, mujeres, líderes de esta comunidad y ancianos se las arreglan para convivir en un espacio reducido que a la vez es cocina y patio de ropas.
“Nos cobran 9.000 pesos por cada día que estemos aquí”, sostiene Ruperto Tequia Murrí, uno de los líderes de la comunidad Embera Katío en Bogotá, uno de los que habita en la ciudad luego de aseverar que le tocó dejar atrás todo por cuenta del conflicto armado que azota la región donde vivía. “Soy desplazado del Carmen de Atrato, en Chocó. Me vine el 8 de diciembre de 2007 y llegué el 11 de diciembre a San Victorino y me ubiqué en esta residencia. Cuando llegué tenía una platica con la que pagué arriendo y sostuve a mi familia y a otras personas, más o menos a 14. Acudí a Acción Social y a los 20 días me dieron una ayuda humanitaria, de alimentos. Al mes me dieron 1’450.000 pesos con los que compré una chaza, que es donde se venden cigarrillos, dulces y Sim Card. Con ese negocio mantengo a esas 14 personas. Y de no ser por eso estaríamos más mal de lo que estamos”.
Sin embargo, no todos han corrido su suerte. Al costado derecho del señor Tequia está Libardo, cuyo apellido ya se sabrá porque es mejor mantenerlo en reserva. Es un joven de 25 años de edad amable, sencillo y a la expectativa de contar su historia. Sentado, con la mirada casi siempre fija al piso, empieza su relato. “Llegué el 19 de junio de 2008 de Pueblo Rico (Risaralda) con mi esposa; mi hermano, que tiene 10 años; y mi cuñadita, de 7. Cuando tenía 14 años estaba estudiando y la guerrilla me reclutó. Estuve como dos años con ellos y me salí de allá. Quise estudiar, pero desde hace un año la guerrilla ha preguntado por mí, que dónde vivo, dónde estoy. Me dicen los que me comentan que han preguntado por mí que me consideran un ‘sapo’, alguien que trabaja para el Gobierno y para el Ejército. Mi idea no es ser un ‘sapo’. Sólo quiero estudiar”.
Y prosigue: “El 16 de junio de 2008 me tocó venir a Bogotá sin consultarle al cabildo, me vine por miedo (razón de peso para no regresar, así pudiera). Estar en esta ciudad es muy duro porque vine obligado. Todo es plata aquí, mientras que en el campo todo era
muy sabroso y se podía sacar la plata. Algo que ha sido muy humillante es ver que a mi mujer le toque pedir limosna, pero ¿qué podemos hacer? No nos dan trabajo en absolutamente nada”.
Libardo es una de las personas que engrosan la lista de Embera presente en Bogotá. Según esta comunidad indígena, en el centro de la capital del país estiman que hay 250 Embera Katío y 500 Embera Chamí. Y lo peor, según manifiestan, es que la cifra sigue creciendo, especialmente con familias que llegan de Quinchía, Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.
‘No todos son desplazados’
El 5 de noviembre pasado, las autoridades rescataron a un bebé que horas atrás había sido plagiado por una mujer en el barrio José Joaquín Vargas, al occidente de Bogotá. En esa oportunidad el angustiante hecho desencadenó en una feliz noticia, pues el pequeño regresó rápidamente al seno de su hogar. No obstante, aquellos momentos de regocijo fueron pasajeros para Libia Nariquiaza, madre del menor, pues hoy en día pide limosna y su dominio del idioma español es escaso, toda vez que aún tiene muy fresca su lengua nativa, la Embera.
Así las cosas, ¿a quién se ayuda y a quién no? ¿Cuáles son las oportunidades de los Embera en Bogotá y cuál es su real situación? Juan Alberto Cortés, asesor de la unidad de desarrollo de política pública en Acción Social, quien trabaja específicamente en el tema étnico desde hace varios años, dio su versión de los hechos. “La comunidad Embera en Bogotá es demasiado móvil. Salen y entran a la ciudad. Tanto el Distrito como Acción Social han intentado hacer censos, pero a diario aparece la variación de la población. Al año se están encontrando de 150 a 200 en Bogotá, tanto los Katío como los Chamí. Aunque históricamente, desde 2004, el pueblo Chamí ha sido el más representativo en la ciudad”.
Ahora bien, según Cortés, su arribo a Bogotá no está sujeto en todos los casos a su supuesta condición de desplazado. “La ciudad es un universo interesante para ellos y les genera escenarios que no conocían en sus resguardos”. Y va más allá: “Cuando estas personas empezaron a salir de sus territorios, en 2004 y 2005 mayoritariamente, obviamente fueron víctimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, a la fecha, por ejemplo en el resguardo Cabú, en Pueblo Rico (Risaralda), se encuentran las condiciones necesarias para garantizar el retorno de la población”.
De acuerdo con el funcionario, hay dos agravantes más. Los trabajos de campo de Acción Social en los resguardos les permitieron establecer, aseveran, que a dos familias, cuyas identidades mantuvo en reserva, su comunidad no los quiere de regreso por razones que sólo ellos conocen. A ello agregó un documento donde los mismos líderes indígenas piden judicializar a aquellos aborígenes que estén practicando la mendicidad. “Las autoridades indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andagueda solicitamos a la dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y a la Organización Nacional Indígena colaborarnos en la judicialización de las personas que se encuentran practicando la mendicidad en la ciudad de Bogotá para que sean sancionadas”, según el documento firmado por Jesús Sintúa Arce y Humberto Vitucay Viscuña, quienes se identifican como el Cacique mayor e integrante del Cabildo mayor zona dos, respectivamente. El texto fue elaborado el 28 de mayo de 2008. “De todas formas no se no se puede generalizar y decir que todos quieren estar en Bogotá. El problema de fondo en las grandes ciudades es que no hay políticas que permitan una interacción directa que facilite el proceso de las comunidades indígenas que llegan, ya sean desplazadas o no”, asegura Cortés.
La ayuda
De regreso a aquella habitación donde está el señor Ruperto, un tema se hace inevitable. A las condiciones de vivienda y desnutrición, que en muchos casos implica enfermedades, el líder indígena denuncia que la ayuda económica anunciada cada tres meses se dilata con el pasar del tiempo. “Después de la primera ayuda me dijeron que a los tres meses, como estaba previsto, no me podían ayudar. A los seis meses me dieron 975.000 pesos que invertí en el negocio. Luego vino la prórroga otra vez. Y pasados estos seis meses nos dieron 325.000 pesos, muy poco porque yo estoy a cargo de 14 personas y debo pagar un arriendo de 9.000 pesos diarios por esta habitación. Y este mes me dieron 540.000 pesos y serán seis meses aguantando hambre porque trabajo no nos dan por no tener libreta militar y otros documentos”.
Frente al caso, Acción Social respondió: “Lo que se hace es establecer caso por caso el núcleo familiar para establecer la ayuda que requieren. Podemos identificar necesidades muchas más urgentes en unas familias y superadas en otras”. Agrega el funcionario que es muy importante que cada persona se registre para obtener ayuda. De lo contrario, sus esfuerzos por obtener un apoyo serán baldíos. "Toda persona que llegue a Bogotá víctima del desplazamiento debe presentar una declaración ante el Ministerio Público, que su vez radica la solicitud ante Acción Social. Es un formulario que se llena con unos datos básicos y un espacio donde la persona manifiesta lo que le pasó. Acción Social, a partir de fuentes contrastadas e información en territorio, analiza la información y emite un concepto de inclusión o no inclusión en el registro de población desplazada. Cuando se es incluido se entra en una ruta de atención".
¿Pero cómo hablarle de trámites a estas personas cuando llegan a Bogotá y no saben nada de esto? “Acción Social tiene puentes de comunicación, algunos con los mismos indígenas, que les informan cómo hacerlo. Además hay jornadas de registro para explicarles sus derechos”, agrega Cortés.
Mientras la polémica en torno a su situación parece estar en la sin salida, Acción Social asegura que está tendiendo la mano en cuanto puede. Incluso, habla de proyectos de generación de ingresos. “Hay una comunidad Embera Chamí en Caquetá que ha participado en eventos artísticos y culturales con expresiones propias de ellos como son sus manillas, tallados y muchas otras cosas”. Entre tanto, las personas que siguen en las calles de Bogotá dicen seguir en una lucha. Uno de ellos, parado en una esquina y sin afán de decir su nombre, pregunta: “Ante la indiferencia de la gente y con hambre, ¿usted cree que estamos aquí por gusto o que es pecado pedir limosna?”.