Durante los próximos diez años, Gilma Gómez y María Aguja, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial y exsecretaria general de la entidad, respectivamente, no podrá ejercer cargos públicos.
Así lo decidió la Procuraduría, al ratificar la destitución e inhabilidad que impuso contra las exfuncionarias de la administración del exalcalde Gustavo Petro, por las irregularidades alrededor de la firma de un contrato por $1.600 millones con la firma Green Patcher Colombia, dueña de la máquina tapahuecos.
El Ministerio Público las sancionó el año pasado, en primera instancia, al encontrar que la firma del contrato se hizo mediante la modalidad de ciencia y tecnología, pese a que no se cumplía con todos los requisitos para hacerlo así. En este sentido, indicó que era un contrato de obra y que debió haberse hecho una licitación pública.
Las exfuncionarias apelaron la decisión y tenían la esperanza de que se cambiara el fallo sancionatorio. Sin embargo, con esta determinación, en lo que al trámite en la Procuraduría respecta, la sanción quedó en firme. Ahora, solo les queda, impulsar una demanda ante el Consejo de Estado para que revise la decisión.