El comparendo ambiental se impondrá a quienes incurran en conductas contra el medio ambiente. Entre esas conductas se encuentran la de destapar y extraer el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección.
El comparendo implica sanciones como multas, suspensiones, sellamientos y arrestos, que acabarían con la actividad de los recicladores de oficio.
“De ser aplicado se le quitaría el sustento a una población de 18.000 familias que sin apoyo oficial, con una pésima remuneración, sin seguridad social y bajo extenuantes jornadas de trabajo, ha realizado durante décadas lo poco que se hace en Bogotá en materia de reciclaje” así lo manifestó el cabildante Carlos Vicente de Roux quien propuso en el Concejo de Bogotá defender a los recicladores.
Según precisó de Roux, la Corte Constitucional ha sido muy sensible a los derechos de la población recicladora. Incluso, en su oportunidad exhortó al Concejo de Bogotá para que incluyera “acciones afirmativas a favor de estos grupos que por sus condiciones de marginamiento y discriminación requieren una especial protección por parte del Estado”.
“Cuando una ley es claramente contraria a la Constitución, tanto las autoridades judiciales como las administrativas tienen la facultad, pero además el deber, de abstenerse de aplicarla. Así lo ha establecido la Corte Constitucional al definir el alcance de la llamada excepción de inconstitucionalidad”. En consecuencia, según el concejal, el Cabildo debe, en este caso, ejercer la mencionada excepción y adoptar formalmente la decisión de no reglamentar el comparendo ambiental en el ámbito del Distrito Capital.