El concejal Antonio Sanguino le solicitó al alcalde Gustavo Petro que en el presupuesto, que debe ser aprobado por decreto por el burgomaestre capitalino, se excluya a la Universidad Distrital hasta que se tomen acciones “que conlleven a garantizar un adecuado manejo y se recupere la confianza”. Después de dicha petición el rector de la institución, Carlos Javier Mosquera, respondió que los recursos se gastan de forma responsable.
Mosquera lamentó las declaraciones del cabildante y señaló que en 2015 se han tomado acciones para garantizar manejos eficientes en la parte administrativa e indicó que la ejecución de la totalidad del presupuesto asignado no ha dependido directamente de la universidad, sino también con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, entre otros permisos y trámites.
Este lunes el concejal Antonio Sanguino se pronunció a través de una carta y le dijo a Mosquera que “trata de confundir a la comunidad educativa, haciéndoles ver como si el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento se fuera a reducir o afectar. Usted falta a la verdad, pues lo que realmente solicité es que se excluyeran las apropiaciones presupuestales destinadas a financiar los gastos de inversión de la Universidad Distrital, que son transferidas por la administración y que corresponden a la suma de $43.217.195.000 según el presupuesto para inversión del año”.
Mosquera dijo que los recursos que reflejan la Cuota Global de Gasto en el 2016 estarán destinados a los proyectos de ampliación de cobertura en las sedes de Ciudad Bolívar y Bosa y a los traslados de algunos programas de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Nueva Sede Bosa – El Porvenir. Según el rector de la universidad, los $25.539 millones de Estampilla y los $2.045 millones del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) les permitieron financiar la operación de la nueva sede, que sin respaldo del Distrito hubiesen quedado desfinanciados.
El presupuesto total para la Universidad Distrital para el año 2016 es de 285 mil millones, de los cuales $241.705.103.000 son para gastos de funcionamiento. Esto representa un incremento del 10,4% respecto al presupuesto de 2015.
“La exclusión presupuestal que solicité se sustenta en los pésimos niveles de ejecución en la inversión (14,77%) por parte de una administración que se mantiene en interinidad y que es liderada por usted, y que significa que de un presupuesto de 58 mil millones de pesos tan sólo se han ejecutado 8 mil millones. Estas sumas han sido certificadas por la jefe de sección de presupuesto de la misma universidad”, agrega la misiva de Sanguino.
El cabildante indica que contrario a lo que dice el rector de la Universidad Distrital, “se debe fortalecer la educación pública pero con una gestión administrativa transparente e íntegra, en donde los niveles de ejecución sean excelentes y se cumplan los planes de acción que conlleven a superar los problemas de acceso, cobertura e infraestructura educativa. Esta sería realmente la mejor manera de proteger la Universidad Distrital”.
“La escasa ejecución, que es aceptada por usted excusándose en factores externos, se ve reflejada en el nulo avance y no culminación de proyectos fundamentales para la ampliación de cobertura de la universidad, como la construcción de la nueva sede universitaria El Porvenir de Bosa con un porcentaje de ejecución del 0% durante 2015. Igualmente sucede con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física que presentó una ejecución para el 2015 del 1,4%”, dice también la carta.
Mosquera dice que en lo corrido de 2015, más de 11.000 estudiantes se han beneficiado con ayudas socioeconómicas y más de 6.000 con subsidios alimentarios. Y asegura además que la universidad es de gran importancia para la ciudad ya que el 97% de los jóvenes que estudian allí, son egresados de los colegios del Distrito.
El concejal Antonio Sanguino reiteró la solicitud que los recursos destinados a inversión y que transfiere el Gobierno Distrital sean excluidos del presupuesto del Distrito Capital 2016, hasta tanto no se tomen las medidas tendientes a garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos asignados.