Pese a que el presidente Álvaro Uribe le pidió a todos los colombianos apoyar los decretos de emergencia social para solucionar los problemas que se han venido presentando en la atención médica; las gerencias de los 22 hospitales que conforman la red pública distrital expresaron inconformidades sobre el tema.
Para la Administración Distrital, las medidas no son suficientes para afrontar las dificultades financieras que padecen los hospitales de la red pública del país. Además, la reglamentación de algunos decretos pone en riesgo la salud pública, aseguran en su pronunciamiento los gerentes.
"Las actividades de Promoción y Prevención deben seguir siendo prestadas por la red pública hospitalaria, entregar esta responsabilidad a las entidades privadas compromete seriamente al impacto de las mismas, afectando negativamente la rentabilidad social y la calidad de vida de la población", aseguran.
Igualmente, agregaron que "resulta inconveniente la forma como se mide el resultado financiero tendiente al saneamiento fiscal de las Empresas Sociales del Estado (ESE). La razón radica en que no se tienen en cuenta las situaciones que generaron la emergencia social; es el caso del pago inoportuno de recursos por parte de las EPS, los múltiples trámites administrativos para el pago de los servicios prestados y los complejos procesos de auditoría. Además, se ignora que los prestadores de salud incurren en gastos previos a la prestación del servicio, específicamente a los ciudadanos habitantes de calle".
El Distrito está preocupado por el decreto 133, el cual deja a la gran mayoría de las IPS públicas del país ubicadas en alto riesgo, ad portas de la liquidación o la privatización, ya que fomenta la integración vertical de las EPS, en vez de restringirla.