El mejor reporte documental sobre la tragedia que viven los habitantes de más de 400 viviendas de los barrios Villa Esperanza, El Arroyo y Villa Sandra, en el municipio de Soacha, lo hicieron seis comunicadores locales en la mañana del pasado lunes. Micrófono en mano, llegaron hasta el lugar en momentos en que el alcalde Iván Moreno se veía a gatas para resolver las demandas de los lugareños, a quienes los derrumbes causados por las lluvias de los últimos días les están sepultando sus viviendas.
Poca gente reparó en su presencia. Todos estaban tras declaraciones de los funcionarios gubernamentales. Pero aquellos noveles reporteros no bajaban la guardia. Entrevistaban a gente como ellos: máximo de 14 años de edad, habitantes de la región, vecinos del barranco que amenaza con sepultar otras 247 casas.
Documentaban su propia tragedia. Con una cámara de cartón, Nelson Estiven Vera ‘filmaba’ a su colega Alfonso Ruiz, quien, sosteniendo un micrófono de plástico y parado en frente del cerro que gradualmente colapsa sobre el barrio donde él vive con su familia, informaba lo ocurrido: “Como podemos ver, la montaña se está comiendo nuestras casas. Es la hora de entrevistar al alcalde”. Un tercer niño, tan nervioso como el alcalde mismo al llegar al lugar de los hechos, salió ante la cámara y le dijo al joven periodista: “¡Esto es terrible, no tenemos idea qué es lo que vamos a hacer!”.
Los infantes rieron a la par con uno de sus vecinos que, mientras escuchaba a los menores, desbarataba a martillazos su casa y montaba el material sobrante en una ‘zorra’, aún sin saber cuál sería su destino.
Entre tanto, el alcalde del municipio daba a la comunidad una respuesta no muy distinta de la que dio su pequeño representante a una cuadra de distancia. Moreno dijo que las personas debían evacuar, pero no dijo a dónde, cómo ni con qué. La única solución a corto plazo que el alcalde sugirió fue iniciar la “gestión” (no la entrega) de subsidios de $250 mil a cada familia para pagar arriendo en otro lugar.
Afirmó que hace dos años, cuando se evidenció la situación de riesgo, empezaron a entregarse estos subsidios a las familias censadas con el propósito de evacuar el barrio. Pero, según el alcalde, “debido a que los beneficiados no usaron el dinero debidamente y permanecieron en la zona de riesgo, las ayudas tuvieron que ser suspendidas en agosto de 2010”.
Al escuchar esta declaración, la gente furibunda lo desmintió asegurando que la razón por la cual no se han ido es porque el arriendo mínimo en cualquiera de los barrios aledaños no baja de $300 mil y porque muchos de ellos trabajan en el mismo lugar donde viven. Otros, que sí habían evacuado de sus casas usando las ayudas económicas, aseguraron que tuvieron que volver porque después de un trimestre dejaron de recibir dinero.
El alcalde dijo que, si no querían subsidios, les podía ofrecer un albergue provisional a los desalojados, pero por ningún motivo ofrecería albergue y subsidios al mismo tiempo. Ante esto, los dirigentes de las juntas de acción comunal aseguran que no recibirán el albergue y tratarán de negociar una reubicación que les dé más garantías.
Moreno se fue y prometió reunirse más tarde en su despacho con representantes de la comunidad. Y los habitantes, impotentes, quedaron en las mismas: sentados alrededor de la olla comunal y mirando con impotencia cómo sus hijos jugaban frente al inmenso barranco que amenaza sus vidas.