Como estaba previsto, la Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital en Bogotá, integrada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro, el concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Luis Carlos Avellaneda (todos del Polo Democrático), entregó ayer su anunciado informe y causó roncha política. Evaluando negocios en servicios públicos, integración social, salud, movilidad y hábitat, su conclusión es que los mayores contratistas son aliados de la clase política, en algunos casos del uribismo y en otros de Iván Moreno, senador y hermano del alcalde Samuel Moreno.
Según la Comisión, con contratos por $1,6 billones en total, los cinco grupos que han manejado la contratación en la ciudad son: Conalvías, Solarte, Odinsa, un equipo local conformado por Julio Gómez y Emilio Tapia, y los Nule (que ya no cuentan con negocios en el Distrito).
El reporte señala que en el caso específico de Conalvías los contratos llegan a los $782.000 millones. Ese grupo ocupa el primer lugar en el top de los empresarios con más alta contratación en el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y está en cabeza de Andrés Jaramillo López. El informe sostiene que se trata de un empresario con cercanas relaciones con el ex presidente Álvaro Uribe, lo que explicaría sus contratos en el tramo tres de la Ruta del Sol, la represa del río Rancherías, un embalse en Bucaramanga, la doble calzada Pereira-La Victoria, entre otros puntos. En Bogotá fue la firma elegida para recibir el contrato que incumplieron los Nule en la troncal de Transmilenio de la calle 26.
El segundo grupo con mayor concentración en el IDU es Solarte, liderado por los hermanos Luis Héctor y Carlos Solarte, de Pasto. Le sigue el grupo Odinsa, donde tienen una alta participación los hermanos William y Francisco Vélez Sierra. De hecho, al analizar el capítulo de servicios públicos domiciliarios, el reporte indica que el megacontratista en Bogotá en la era Uribe fue el citado William Vélez, quien controla una de las áreas de servicio exclusivo para la recolección y transporte de residuos sólidos.
Al evaluar el sector de integración social, que contiene varios programas bandera del Polo en la capital, se encuentra que las empresas relacionadas con dos dirigentes del Partido de la U, Efraín y Édgar Torrado García, senador y concejal de Bogotá, respectivamente, han celebrado contratos con la Secretaría de Integración Social por $161.130 millones. El informe destaca además que en el gobierno de Lucho Garzón los contratos de esas empresas ascendieron a $15.353 millones. Efraín Torrado es amigo de Iván Moreno y fue su colega en la Comisión Sexta del Senado.
Sobre el sector de salud se dice que la construcción de hospitales se ha concentrado en un solo empresario: Julio Gómez, y que además en la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio aparecen dos empresas de construcción, Suárez y Silva Limitada y J.A. Asociados S.A. Estas dos firmas son controladas por personas oriundas del municipio de Sahagún (Córdoba), Juan Carlos Aldana y Jairo Ramón Aldana. Además, J.A. Asociados participó en un consorcio de construcción con una empresa cuyo gerente es Javier Haddad, socio y amigo de Emilio Tapia Aldana. El informe destaca que Tapia fue quien le consiguió más de cinco mil votos al senador Iván Moreno en Sahagún, Córdoba, durante las pasadas elecciones parlamentarias.
La Comisión de Seguimiento aseguró que durante la administración Moreno en Bogotá se han girado anticipos “excesivos” a los contratistas que, en el caso de Julio Gómez, superan lo normalmente acostumbrado para contratos de construcción de infraestructura. Se mencionaron anticipos hasta por el 30% del valor de los contratos.
En materia de hábitat, el único contrato grande de la Caja de Vivienda Popular fue celebrado al final de 2009 con el consorcio Villa Ángela Porvenir. El informe sostiene que el contratista se escogió en un proceso de selección abreviada “muy enredado”. En el consorcio elegido también tiene representación la firma Daimco, que fue creada en Montería y con contratos con el mencionado municipio.
El actual gerente de Aguas de Bogotá, Alejandro Valencia Osorio, según la Comisión de Seguimiento, pertenece al círculo de socios y amigos de Emilio Tapia Aldana. Esta empresa administró el relleno sanitario de Doña Juana durante un año y al parecer aspiraba a ganarse la licitación.
Durante la rueda de prensa en la que se presentó el documento estuvo presente el senador Moreno, quien pidió la palabra para defenderse: “No hay una grabación, no hay una prueba. Nadie que pueda asegurar que tengo injerencia en la contratación. Y contraatacó: “Esto es una cuenta de cobro que pasa Petro porque la Anapo no lo apoyó para que fuera presidente del Polo”. Moreno remató mostrando una foto en la que aparece junto a Petro en la última campaña presidencial. “Cuando Iván Moreno no era malo”, afirmó.
Una de las fuentes del informe de la Comisión fue Alejandro Botero, el ex subcontratista que denunció el supuesto “cartel” de la contratación en la Fiscalía.
Respecto a lo divulgado, el concejal Carlos Vicente de Roux recalcó que “la Comisión no es judicial ni puede imputar cargos a nadie, pero presenta indicios que deben ser objeto de análisis”.
La Comisión de Seguimiento informó que este jueves pedirá a las directivas del Polo la suspensión provisional de los derechos políticos de los hermanos Moreno.
Por su parte, Iván Moreno anunció que denunciará, por calumnia e injuria, a Gustavo Petro.