Benjamín Romero desapareció en una carretera destapada entre el municipio de Casabianca y Fresno (Tolima) en 2003. “No pregunte por su hijo, mantenga callada esa jeta”, le dijeron a María Deisy Moreira por teléfono. Ella sólo sabía que Benjamín había salido de su casa, en la localidad de Engativá, en marzo de ese año, rumbo a la finca de una de sus hermanas. Y ante esta amenaza decidió esperar. Pasaron días, meses, años: “En 2008 me fui a buscarlo sola. Me fui por todo el trayecto de Fresno hasta Casabianca, pasé por la vereda Fátima y se me cayeron las uñas de los pies de tanto caminar. Un muchacho, parado en una caseta, me dijo: ‘Abuelita, no busque más, a Romero lo mataron’”.
14 de julio de 2011. Ramón María Isaza, alias El Viejo, fundador de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, les dio la cara a las víctimas durante una audiencia virtual. “Me dijeron que a mi hijo lo habían enterrado vivo, que lo habían matado entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2003”, dice Moreira. Marlén Romero, hermana de Benjamín, también escuchó esa audiencia: “Nosotros no pensábamos que fuera él. Pero cuando lo empezó a describir, así, a sangre fría, diciendo que tenía una cicatriz en la cara…. a nosotras se nos agotó la existencia”.
Al bloque de Isaza se le adjudican alrededor de 1.200 muertes. En 2010 la Fiscalía le imputó 517 delitos, que incluían torturas y desapariciones forzadas. Benjamín Romero tenía 27 años cuando se lo llevaron. “Al principio nos decían que se había subido en una camioneta roja. Alcancé a pensar que había huido por un tiempo. Cuando me fui a buscarlo por Fresno me dijeron que lo habían visto vivo. Al verme que buscaba tanto, uno de esos muchachos del señor Isaza me preguntó: ‘¿Cuánto vale su hijo?’”.
Fueron ocho años en que aún existía cierta esperanza: “Veía a tantas personas conocidas en la calle. Volteaba a mirar porque sentía que me estaba mirando. A todas las hermanas nos pasaba, porque no habíamos visto su cadáver y sentíamos que podía estar en cualquier parte. Todo ese tiempo vivimos con ansiedad. La imaginación es tan cruel con uno… Le juega muy malas pasadas”, dice Marlén Romero, y también recuerda que fue la llamada que le hicieron a su madre amenazándola lo que sembró el miedo en la familia. “Eso nos llevó a callar porque no sabíamos si iba a haber represalias contra la familia. Nosotras no nos atrevíamos a ir; mi mami, en cambio, sí se fue hasta allá sola”.
Para María Deisy Moreira no tenía sentido que su hijo estuviera en las filas de algún grupo armado ilegal. Recuerda a Benjamín como a un hombre taciturno, trabajador. Nunca le dejaron ver el cadáver: “Yo me enteré de lo que hizo ese señor (Isaza) y me fui a la Fiscalía y me hicieron pruebas de ADN y todo, pero nunca lo vi”. Ahora que sabe lo que pasó con su hijo sólo pide “que se le entierre dignamente”.
El 30 de agosto de este año, mientras la ciudad era militarizada por las crisis que habían generado algunas manifestaciones en favor del paro agrario, se conmemoraba el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Ese día la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó un diagnóstico sobre los desaparecidos en la capital. Se sabe que en Bogotá existen 325 familias consideradas víctimas indirectas por la desaparición de un ser cercano, como sucede en el caso de María Deisy Moreira. Hasta el momento, los datos señalan que en la capital hay 93 desaparecidos.
En relación con las cifras nacionales, esta dependencia señala que hasta junio de este año se han reportado 26.366 víctimas directas y 70.102 víctimas indirectas, de las cuales 24.683 han sido reparadas. De acuerdo con Paula Gaviria Betancur, directora de la unidad, el departamento de mayores indemnizaciones es Antioquia, en donde entre 2012 y 2013 se han girado $38.610’227.159, seguido por Meta, con $13.529’779.738, y Santander, con $7.725’856.743.
En Bogotá han sido indemnizadas 116 familias consideradas víctimas indirectas. Para esta tarea se han destinado $603’008.236. La familia de Benjamín Romero está en proceso de indemnización. María Deisy Moreira dice que, por ahora, ha recibido una terapia psicológica.
Pero para la familia de Benjamín Romero esto no es suficiente. En mayo de este año el Inpec entregó una lista con los nombres de 65 exparamilitares que están postulados al proceso de Justicia y Paz y que podrían salir libres en 2014. Ramón Isaza es uno de ellos. Más allá de una reparación integral, la familia exige, a una sola voz, justicia para el hombre que aceptó ser responsable de la desaparición de su hijo y hermano: “Esto no lo podemos entender. ¿Por qué, si lo enterraron vivo, ese señor va a quedar libre?”.
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