El futuro de los colegios por concesión sigue al ritmo del vaivén político. Luego de que el Concejo de Bogotá negara el proyecto de acuerdo para financiar los contratos de 17 de los 25 colegios que funcionan bajo esta modalidad, el presidente Juan Manuel Santos pidió el apoyo de la Unidad Nacional para estos planteles.
Santos resaltó que los colegios públicos administrados por privados bajo la modalidad de concesión, hoy «están ocupando los primeros lugares en calidad. No podemos aceptar que eliminen los colegios en concesión, pero el Concejo de Bogotá le negó al alcalde la financiación de esos colegios».
Por esta razón, les dio la instrucción a la ministra de Educación, Gina Parody, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo de buscar un salvavidas para el proyecto del Distrito. Según él, sus funcionarios tendrán la misión de hablar «con los directores de los partidos en el Concejo de Bogotá, los partidos de la Unidad Nacional. Y le voy a pedir a la administración que vuelva a presentar el proyecto porque tenemos que aprobar la financiación para estos colegios en concesión».
Petro celebró el pedido de Santos para apoyar el proyecto de financiamiento de los colegios. Y propuso «abrir un diálogo con los partidos políticos, no a cambio de mermelada. Que nos expliquen por qué se oponen a nuestros proyectos». Cabe recordar que en las últimas semanas el Concejo ha tumbado todos los proyectos de acuerdo presentados por la administración, como la modernización tributaria, la transformación de la empresa Transmilenio y el que pretendía que la plaza de toros la Santamaría se convirtiera en un escenario de «espectáculos deportivos, artísticos y culturales».
Óscar Sánchez, secretario de educación de la ciudad, ha dicho a este medio que de no obtener la aprobación de los recursos en el Concejo para los tres años, se hará contrato por un año para cada plantel, por tres años consecutivos.
Mientras que el Gobierno y el Distrito le apuestan a sus cálculos políticos, los representantes de los padres de estos colegios se la juegan por la acción popular que presentaron el pasado 13 de agosto para pedir que la administración continúe con los contratos para el total de 25 colegios, y por un período de siete u ocho años como mínimo.
«La última instancia para salvar el modelo es la Acción Popular, la cual le pide al Juzgado Segundo Administrativo de la Sección Primera Oral, garantice la educación de calidad para 40 mil estudiantes de estratos populares. La demanda se interpuso el pasado 13 de agosto y estamos esperando que los jueces tomen una decisión acerca de las pretensiones que planteamos. En este momento el futuro de cada uno de los 25 colegios es extremadamente incierto», ha explicado Daniel Raisbeck, vocero de la Asociación de Padres de Familia de Colegios en Concesión (Asonalpadres-Concesión).