Por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional, quedó sin piso la llamada ‘tutelatón’ que buscaba revocar la destitución que la Procuraduría ordenó contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El alto tribunal consideró que ninguna tutela interpuesta por personas diferentes al mismo alcalde puede prosperar, teniendo en cuenta que solo el mandatario como persona afectada está facultado para interponer una tutela con estos fines.
La Corte indicó que las tutelas presentadas por terceros –alegando vulneraciones al derecho de participación en política– deben acreditar por qué se actúa en nombre de otra persona y demostrar que ese tercero se encuentra en imposibilidad física o mental para asumir su propia defensa.
Esta determinación no afecta la permanencia del alcalde ya que en la actualidad está cobijado con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.