Nadie se queda callado en el desarrollo de la historia política y jurídica más interesante de los últimos años en Colombia: la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a manos de la Procuraduría. Ayer, el procurador y el fiscal le sumaron discusiones leguleyas al debate. Incluso en el Concejo de Bogotá surgieron nuevas teorías e implicados en la supuesta conspiración de la que, según Petro, su administración habría sido víctima.
Ayer, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, advirtió que la decisión provisional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenó los efectos del fallo disciplinario contra Petro no tiene efectos todavía. Según el funcionario, sólo los tendrá en el momento en que el alcalde se notifique de la ratificación del fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
“Dentro de los ocho días siguientes a la expedición de la decisión, (Petro) puede acudir a la Procuraduría para notificarse personalmente. Si no se notifica personalmente, será mediante un edicto que se fijará el 29 de enero para comunicar al presidente”, sostuvo Ordóñez en rueda de prensa. Además volvió a decir que tiene las competencias para decidir sobre la continuidad del alcalde y que considera que la medida cautelar que profirió el magistrado José María Armenta tiene una argumentación que va en contravía de las decisiones de la Corte Constitucional.
Por otro lado, el fiscal general, Eduardo Montealegre, aprovechó para mandar un indirectazo a quienes han defendido la tesis de que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorga medidas cautelares a Petro y frena el fallo de Procuraduría, el alto gobierno estaría en capacidad de negarse a garantizarlas. “Mientras hay algunas autoridades que quieren desconocer las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nosotros en la Fiscalía estamos institucionalizando el discurso de protección de los derechos humanos”, dijo.
Pero los pronunciamientos no pararon ahí. El concejal Antonio Sanguino, al intervenir en la plenaria del cabildo, dijo que “creía” que Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto que fue destituido e inhabilitado por 12 años, también por la implementación del modelo de basuras, estaría vinculado a la teoría de que la decisión de la Procuraduría es el colofón de una conspiración diseñada por empresarios y corruptos para dar un golpe de Estado en la capital.
Cuestionado sobre los fundamentos de su “creencia”, Sanguino dijo que “se sabe” que Bravo se reunió con los privados antes de la implementación del modelo de aseo “sin que nadie sepa qué efectos tuvieron esas reuniones”. Sin embargo, también desestimó que todo lo ocurrido sea exclusivamente producto de un complot y recordó las denuncias que hizo sobre fallas en la planeación del modelo de basuras en enero de 2013.