Fernando Escobar, personero de Soacha, se destapó con El Espectador
"Siento temor por mi vida"
El hombre que denunció la desaparición de 11 jóvenes de Soacha se siente perseguido.
Dice que son muchos más los casos de reclutamiento, pero que no se han conocido.
¿Qué está ocurriendo en Soacha y cómo se dio cuenta usted de que hay desapariciones?
En un principio fue la pelea de los grupos por la tenencia de la tierra, por controlar el negocio de la venta de lotes ilegales. Eso implicó una confrontación con miembros desmovilizados del M-19 (entre 1994 y 1997). La segunda espiral de violencia es la llegada de grupos al margen de la ley con la intención de mantener el control estratégico de la zona. Luego la delincuencia común empezó a ocupar sitios periféricos para mantenerse alejada de las autoridades y tener rutas de fuga. Pero el asunto se hizo más complejo con la incursión de las autodefensas a partir de 2001, del Bloque Capital. Eso está reseñado en una de las alertas tempranas y en un documento del Cinep, cuando el comandante Andrés Camilo dice: "450 personas de nuestros comandos van a tomarse la zona de Altos de Cazucá, en Soacha, y Ciudad Bolívar para contener la avanzada insurgente". Eso lleva a la urbanización del conflicto.
¿Cómo es esa nueva confrontación con los paramilitares?
La llegada del paramilitarismo a la zona cambia el escenario. Lo que antes eran territorios controlados por la insurgencia empiezan a ser terrenos controlados por ellos. Utilizan estrategias para controlar la zona, como el terror sobre la población, la eliminación sistemática y discriminada de líderes sociales, el control de las organizaciones sociales, homicidios sistemáticos contra jóvenes como estrategia de control social, pero también de intimidación a la población.
¿Antes de la llegada de las autodefensas había presencia guerrillera real?
Afirmarlo es muy complicado, pero digamos que podía existir. Nunca se ha podido afirmar, pero en los estudios se ha identificado presencia de grupos guerrilleros: Farc y Eln, básicamente.
¿Cuál es la situación que están viviendo ahora?
No sé si estemos en el posconflicto, pero parece uno. Esto es semejante a la Guerra Fría: ya no hay confrontación armada. Lo que estamos viviendo hoy es que cada uno de los grupos envió un número de sus hombres a las zonas. Hoy, lo más importante no es la confrontación directa, sino la inteligencia, como en la Guerra Fría.
Inteligencia, ¿para qué?
Para controlar las zonas, para identificar y eliminar al contrario. En eso ha colaborado mucho la política de reinserción, porque las personas entran de nuevo a la sociedad, pero no están reinsertadas, apenas están desmovilizadas. No las están involucrando a un proyecto social.
Hay otro factor: el negocio del narcotráfico. Los grandes actores armados asumen el control de ese circuito comercial.
¿Qué funciones cumplen los jóvenes que son reclutados?
Los reclutan para que colaboren en la vigilancia de una zona donde hay droga, para que la distribuyan, para que sean raspachines.
¿Quiénes se los están llevando?
Grupos insurgentes, reductos del paramilitarismo, si es que no existe paramilitarismo en Colombia, aunque que yo creo que sí. Nosotros no hablamos de paramilitarismo, sino de grupos que se hacen llamar paramilitares. ‘Águilas Negras’, por ejemplo.
¿Cómo se financian esos grupos?
El narcotráfico es un circuito económico. Otro es la extorsión, como el caso de Tomasito en Soacha (quien era el cabecilla de un grupo delincuencial y fue detenido por las autoridades a principios de este año). La gente tenía que pagar $2.000 por casa como cuota de seguridad. Por último, está la urbanización y venta de predios ilegales.
¿Por qué empezaron a denunciar los casos?
Nosotros como organización tuvimos bajas en el 2001 y 2003, personas que fueron asesinadas. Además, organizaciones de jóvenes en Soacha han venido diciendo que tienen temor frente a políticas de exterminio como mecanismo de protección social. Pero teníamos dos dificultades: una, que decían que el problema no existía, y el segundo asunto es que existe una debilidad institucional por el territorio compartido. Se divide Soacha de Ciudad Bolívar y los problemas sociales son los mismos. Creemos que en esta problemática se deben involucrar el Distrito y el Estado.
¿Cuándo hicieron la primera denuncia?
Hace cuatro meses. Cuando mencionamos el tema, la gente nos decía que era una especulación y nos pedían denuncias como pruebas. Asimismo, cuando hablábamos del desplazamiento siempre nos respondían que Soacha recibía gente, no la desplazaba porque allí no hay Farc ni autodefensas. Así funciona el lenguaje estatal: sólo hay desplazamiento cuando hay guerrilla o autodefensas. Ni el gobierno de Bogotá, ni el de Soacha están interesados en que se reconozca que estos grupos existen porque la Seguridad Democrática no puede admitir eso.
¿Qué le decían las madres hace cuatro años?
Que había pasado una gente por la casa y le había ofrecido plata a sus hijos. Que no sabían nada de ellos desde hacía meses. Hay algunos jóvenes que volvieron.
¿Qué dijeron los que volvieron?
Que estuvieron con grupos ilegales realizando varias actividades, como cuidando el circuito de la droga. Este escenario se daba con la guerrilla y las autodefensas.
¿Y qué pasó con los que no regresaron?
No sabemos. La degradación del conflicto da para todo, hasta para que suceda lo que han dicho los medios de comunicación, que es un proceso en el cual no se puede hablar de reclutamiento en estricto sentido, pero que es la vinculación de personas para mostrar resultados de la Fuerza Pública.
¿Por qué tomaron la decisión de ir al Palacio de Nariño a hablar sobre el tema?
Yo venía hablando de este asunto en varios niveles, y hubo una persona a la que le pareció esto tan grave que me dijo que debía ponerse en conocimiento de la Presidencia y por eso pedimos la cita con José Obdulio Gaviria. Hoy sabemos cómo es el reclutamiento, pero cuando fuimos a hablar con él le contamos lo que la gente estaba diciendo.
¿Ya en Palacio tenían idea de lo que estaba sucediendo en Soacha?
No sé.
¿El tema del reclutamiento tiene algo que ver con el desplazamiento?
En muchos casos la gente denuncia que se desplaza porque existe el interés de esos grupos de reclutar a sus hijos o a sus familiares. En este tema tenemos casi 80 declaraciones, pero sabemos que el subregistro es inmenso.
Usted le ha puesto la cara a todo esto. Ha sido una de las personas más visibles ante las autoridades y los medios, ¿su vida ha cambiado?
El estrés derivado de esto ha sido brutal y obviamente el tema de la seguridad me preocupa. Hace poco me visitó un hombre que dijo ser del Ejército. Estaba de civil, pero sacó un carné laminado que lo acreditaba como Mayor. Llegó a hacer preguntas. A mí no me gustó, sentí desconfianza. Me dijo: "A ver, personero, usted ha hablado con las familias, le han dicho quiénes son los reclutadores, le han dado nombres o descripciones físicas". La manera tan directa como me preguntó me hizo desconfiar. Le dije que esa información la trataba directamente con sus superiores. Luego llamé al Ejército y me dijeron que ellos no habían enviado a nadie.
¿Qué ha hecho usted al respecto?
Fui a la Policía. Me remitieron una persona de seguridad para evaluar si yo tengo algún riesgo, me recomendaron lo de siempre: no viaje solo, no salga tanto, no llegue tarde, no hable con desconocidos, y están seguramente verificando la información.
Independientemente de la recomendación institucional, ¿siente temor por su vida?
Sí, claro.
¿Se ha sentido perseguido, observado?
No me siento observado de manera especial, pero estoy seguro de que estoy siendo objeto de seguimientos.
¿Por quién?
No sé. Pero aquí hay un asunto y es que estamos frente a delincuentes de mucha capacidad de acción.
¿Qué espera usted que resulte de esta denuncia?
Si tiene un mérito la intervención nuestra en esto, no fue hablar de los posibles reclutamientos, sino advertir que algo grave está pasando.